Continúa debate en el Senado sobre consulta anticorrupción

Está en desarrollo la plenaria en el Senado que aprobaría o hundiría la iniciativa popular de la consulta anticorrupción, que busca reducir el salario de los congresistas, enviar la cárcel a los corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado, y más.

Aunque el proyecto ya se había hundido en el Congreso, el proyecto volvió a votación a raíz de las más de 4 millones de firmas (4’312.653 para ser exactos) de la ciudadanía que fueron presentadas a la Registraduría Nacional por el partido Alianza Verde, cuyas cabezas visibles han sido la senadora Claudia López y la representante a la cámara por Bogotá Angélica Lozano.

Esta supone la última oportunidad de que esta consulta llegue a las urnas, en la que cada persona votaría, sí o no, las 7 preguntas. Acorde a la revista Semana, de ser aprobada esta consulta el presidente de la República y el registrador nacional tienen 8 días para establecer una fecha entre los 3 meses siguientes.

En la plenaria, la senadora Paloma Valencia propone que esta consulta se vote en una fecha posterior a la primera vuelta de las elecciones presidenciales; el Centro Democrático propone el próximo 5 de junio para que no se cruce con la campaña. Por otro lado, una de las opciones de fecha para realizar la consulta en las urnas sería un día antes de la segunda vuelta.

Claudia López empezó la sesión dando a conocer los motivos por los que se debe votar a favor de la consulta. Aunque destacó que el único antecedente a esta consulta es el referendo que propuso Álvaro Uribe en 2003, lo que hoy tiene lugar en el Congreso no es una petición del gobierno sino una solicitud ciudadana.  Así mismo, recalcó en la desigualdad existente entre los salarios de los congresistas y el salario mínimo: “El 54% de los colombianos ganan menos de un salario mínimo, los congresistas ganamos 41 salarios mínimos”, dijo.

Estos son los 7 puntos que componen la consulta anticorrupción, motivo por lo que 23 senadores, entre ellos Roy Barreras, se han declarados impedidos para votar la consulta.