Savia Salud regresa a manos antioqueñas: millonarias deudas y dudas tras la intervención nacional

Nación
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La EPS Savia Salud retorna a Antioquia con deudas récord y desafíos sin precedentes tras la intervención.

A pocos días de que el gobierno de Gustavo Petro complete tres años en el poder, la administración de Savia Salud atraviesa nuevas turbulencias luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenara el 24 de abril a la Superintendencia de Salud que se proceda a devolver la gestión de la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la caja de compensación Comfama. Esta resolución establece un proceso de empalme en un plazo de diez días hábiles, mientras avanza una demanda que cuestiona la legalidad de la intervención del Gobierno Nacional. La información fue reportada por El Colombiano y confirmada en la propia decisión judicial.

Si bien en la región la noticia fue recibida con esperanza, lo cierto es que la EPS regresa con una situación financiera y operativa más compleja que al inicio de la medida. En el período de intervención, Savia Salud duplicó sus deudas y cuadruplicó los gastos de funcionamiento, una realidad que tensiona el futuro inmediato para quienes asumirán nuevamente su control. La institución, de la que dependen más de 1,6 millones de antioqueños (principalmente del régimen subsidiado), enfrenta ahora el reto de reactivar antiguos planes de capitalización y recuperación financiera para evitar riesgos aún mayores en la atención de sus afiliados.

El esfuerzo que se avecina está matizado por la incertidumbre. De acuerdo con concejales, diputados y el propio gobernador de Antioquia, muchas variables sensibles de la operación de Savia Salud se desconocen desde hace más de un año. Las dificultades para acceder a información actualizada y la poca disposición de los responsables del manejo durante la intervención para acudir a los debates de control político convocados por la Asamblea y el Concejo de Medellín solo profundizan el desconocimiento sobre el estado real de la entidad.

En el análisis financiero, los indicadores más alarmantes son el crecimiento de los pasivos y de los costos operacionales. Antes de la intervención –con corte al 31 de enero de 2023– Savia Salud presentaba pasivos por $799.435 millones. Según El Colombiano, tras casi tres años bajo la administración nacional, estas obligaciones alcanzaron los $1.650.209 millones al 31 de marzo de 2026: un aumento del 106%. En paralelo, el gasto operacional se disparó de $7.348 millones a $33.454 millones, creciendo alrededor de 355%. Las razones de este aumento se atribuyen, según voces críticas citadas por el medio, al incremento de la burocracia, justo cuando previamente la EPS estaba comprometida con políticas de austeridad.

A pesar de este sombrío balance, hay matices favorables. Entre ellos destaca el reciente ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el régimen subsidiado, que se venía solicitando desde hace años y fue finalmente aprobado por el gobierno Petro en su recta final. Esto permite, potencialmente, mejorar el flujo de recursos para la atención de los más vulnerables. No obstante, aún persisten llamados para que, una vez Savia Salud regrese a sus accionistas originales, se realice una auditoría forense que precise las decisiones adoptadas durante el periodo de intervención y proponga soluciones integrales, tal como han planteado desde la Asamblea Departamental.

¿Por qué se consideran necesarias las auditorías forenses tras intervenciones estatales? La demanda de auditorías forenses en instituciones como Savia Salud responde a la necesidad de esclarecer decisiones administrativas y financieras tomadas durante períodos de intervención estatal. Estos procesos detallados permiten identificar posibles irregularidades y determinar el impacto real de las decisiones en la sostenibilidad de la entidad, especialmente cuando éstas han llevado a un deterioro significativo de la situación financiera. Además, transparentar esta información es crucial para restaurar la confianza de los ciudadanos y de los actores institucionales que dependen de la EPS. Comprender a fondo el alcance de la intervención también prepara a las entidades accionistas para diseñar estrategias efectivas de recuperación y evitar que se repitan errores en el futuro.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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