Sarita habría sido abusada por un menor de edad de su entorno familiar

Fiscalía trata de establecer esta hipótesis ya que tiene pruebas que apuntan a que además de sus padrinos hay más personas involucradas.

Así lo dio a conocer este viernes Noticias Caracol al indicar que en medio de la judicialización de los padrinos de la niña, “algunas autoridades nos han informado que en este caso también estaría involucrado un menor de edad, que al parecer sería quien abusaba sexualmente de Sarita. Él será involucrado en todo este proceso como una víctima de su entorno familiar”.

Además, el noticiero cita declaraciones del director nacional de seccionales de la Fiscalía, Luis González León, que dijo que se “ha reconstruido todo un actuar de varios meses antes de los hechos y todo ese caudal probatorio está siendo estudiado y analizado para establecer más allá de estas dos personas, que se encuentran capturadas, si hay otras personas responsables”.

Lo que se sabe hasta el momento es que los padrinos de Sara Ayolina Salazar, Johana Guerra Urueña y Edilberto Rojas Torres, vivían en una finca en Armero Guayabal (Tolima) con tres menores de edad, uno de 16 años y otro de 11 que son hijos de ella de su primer matrimonio, y otro menor de tres años hijo de su segunda relación.

Los menores quedaron bajo custodia de Bienestar Familiar mientras avanza esta investigación, pues Medicina Legal ha tenido inconvenientes para identificar al abusador de la niña de tres años debido a que en la urgencia por atenderla en el hospital se borró gran parte de la evidencia que había en su cuerpo.

Aun así, la Fiscalía dice en un comunicado que pudo establecer en la investigación que los padrinos “habrían ejercido actos de violencia física y sexual de manera reiterada contra la menor”.

Por eso, imputó a Guerra Urueña los delitos de homicidio agravado, tortura agravada en calidad de coautora material por acción, y acceso carnal violento agravado como posible autora (bajo la figura de posición de garante), mientras que a Rojas Torres le formuló cargos por tortura agravada a título de coautor pasivo (bajo la figura de posición de garante).

Pese a que los dos se declararon inocentes, un juez ordenó recluirlos en la cárcel Picaleña de Ibagué.