Dos exalcaldes de Santa Marta, el problemas con Procuraduría por contratación irregular
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Visitar sitioSe trata de Carlos Eduardo Caicedo y Rafael Alejandro Martínez, señalados de incurrir en presuntos ilícitos para la construcción de 15 parques
Un nuevo proceso disciplinario tendrán que enfrentar los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015) y Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019), luego de que la Procuraduría les formulara cargos por presuntas irregularidades en la adecuación de 15 parques en Santa Marta. En este caso también fue vinculado el exgerente de Infraestructura de la ciudad, Sánder Alfonso Rodríguez.
(Vea también: Alcalde y exalcalde de Santa Marta se defenderán en libertad)
La investigación del Ministerio Público revela que Carlos Caicedo, siendo alcalde de esa ciudad, habría celebrado un adicional al contrato de obra, en el que modificó aparentemente de manera irregular su objeto y obvió los estudios previos necesarios. El actual gobernador de Magdalena enfrenta otro proceso en la Fiscalía por una megaobra.
Por su parte, el exalcalde Martínez junto con Sánder Alfonso Rodríguez, en su condición de supervisor, habrían suscrito una segunda adición por $ 1.937 millones, con lo que incrementaron el valor inicial de las obras por encima del 50 %, sobrepasando el límite máximo fijado por la ley para adicionar el valor de un contrato. Como resultado, el valor de las obras pasó de $ 7.923 millones a $ 13.476 millones.
(Lea también: Carlos Caicedo afrontará en libertad proceso por obras inconclusas)
El pasado 4 de julio la Procuraduría había formulado otro pliego de cargos contra los exalcaldes por presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo Gaira. El Ministerio Público investiga a los funcionarios debido a que, al parecer, las obras fueron adjudicadas pese a que el plazo establecido en los estudios previos no se ajustaba a los tiempos reales que tomarían los trabajos. De la misma manera, dice el ente de control, no contaron con las respectivas licencias, situación que ocasionó que se firmaran cinco otrosíes que incrementaron el tiempo y el costo, que pasó de $ 2.682 millones a un valor final de $ 4.022 millones.
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