Sandra Ortiz enfrentará juicio oral: claves del millonario escándalo de corrupción que sacude a la Ungrd

La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, será llevada a un juicio oral después de que el Tribunal Superior de Bogotá negara la solicitud de preclusión que su defensa había interpuesto, en el marco del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este caso ha adquirido notoriedad nacional, ya que Ortiz es acusada por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias como servidora pública. Con la decisión del Tribunal, el proceso penal contra la exfuncionaria sigue firme y ella deberá enfrentar todas las etapas judiciales correspondientes.

La batalla legal de Ortiz y su defensa comenzó cuando el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ya había decidido, el pasado 4 de marzo, mantener el proceso en su contra. La defensa, liderada por el abogado penalista Mauricio Camacho, argumentó que la Fiscalía no había sido precisa respecto a un contrato que, según ellos, fue vinculado erróneamente al municipio de Repelón (Atlántico), cuando en realidad habría sido ejecutado en Girón (Santander). Sin embargo, tanto el juzgado como el Tribunal negaron que estas discrepancias bastaran para archivar el caso, resaltando que no existen impedimentos legales para avanzar hacia el juicio.

De acuerdo con el material recopilado por la Fiscalía —información confirmada por medios como El Espectador—, Sandra Ortiz habría tenido un papel central en el esquema de corrupción en la Ungrd. Específicamente, se la señala como posible intermediaria en la entrega de considerables sumas de dinero destinadas, presuntamente, a facilitar la aprobación de ciertas reformas del Gobierno en el Congreso de la República. Este hecho representa un giro significativo en el caso, porque desarrolla la hipótesis de que existió un entramado de sobornos de alto nivel en la administración pública.

Ortiz fue la primera funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro en ser privada de la libertad como consecuencia de este escándalo. Más adelante, otros miembros del gabinete, como los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, también fueron implicados y detenidos.

La Fiscalía sostiene que el 12 de octubre de 2023, en un apartamento en el centro de Bogotá, la exconsejera recibió una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, entregados por los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez. Se presume que esta suma fue trasladada en un vehículo oficial hacia el norte de la ciudad para ser entregada al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez. Al día siguiente, supuestamente, se repitió la entrega con otro monto igual. Según el ente acusador, Sandra Ortiz tenía pleno conocimiento de que estos recursos provenían directamente de fondos de la Ungrd destinados a asuntos públicos. Esta línea de investigación apunta a una compleja red de favores y transferencias de dinero para incidir en decisiones legislativas.

Con estas acusaciones en su contra, Ortiz continúa proclamando su inocencia, mientras las autoridades avanzan con las diligencias judiciales que buscarán esclarecer su real grado de responsabilidad en los hechos.

¿Qué significa la preclusión en un proceso penal?

En el contexto judicial colombiano, la preclusión hace referencia al cierre definitivo de una investigación penal cuando la Fiscalía considera que no hay elementos suficientes para llevar un caso a juicio o cuando se presentan causas legales que impiden continuar el proceso. La solicitud de preclusión es, por tanto, un recurso al que las defensas suelen acudir para intentar dar por terminado un proceso antes de llegar a la etapa de juicio oral. Sin embargo, la decisión recae en los jueces, quienes deben evaluar si realmente existen méritos para dar por cerrado el caso o si, por el contrario, las pruebas justifican que se continúe con el proceso.

En el caso de Sandra Ortiz, la defensa argumentó que existían dudas sobre la imputación, lo que justificaría la preclusión. Sin embargo, tanto el juzgado como el Tribunal Superior consideraron que los argumentos presentados no eran suficientes para impedir el juicio, garantizando así que el proceso pueda desarrollarse en su totalidad y esclarecer los hechos alrededor del escándalo de corrupción en la Ungrd.