Juzgado sanciona al alcalde de Valledupar por incumplir sentencia sobre cargos de inspectores tras Ley 2492 de 2025

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar ordenó una sanción ejemplar contra el alcalde Ernesto Orozco Durán, quien deberá pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta decisión surge tras el incidente de desacato interpuesto por Jorge Leonardo Rivera Méndez, al considerar que el alcalde no cumplió integralmente una sentencia anterior que imponía la plena aplicación de la Ley 2492 de 2025. Dicha ley transformó los cargos de inspectores de Policía en inspectores de Convivencia y Paz, implicando ajustes tanto en denominación como en nivel, grado y funciones, lo que demanda cambios en la planta de personal de todos los municipios del país. La resolución fue emitida el 2 de octubre por el juez Jaime Alfonso Castro Martínez, según información suministrada a EL PILÓN.

La discusión central se concentra en el Decreto 0755 del 21 de septiembre de 2026, expedido por la Alcaldía, mediante el cual se suprimieron 36 empleos de inspectores de Policía y, en su reemplazo, se crearon 36 cargos de inspectores de Convivencia y Paz, ubicados en el nivel profesional, código 233, grado 04. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia, la Ley 2492 exige que estos cargos deben ubicarse en el grado más alto del nivel jerárquico profesional disponible en la planta de personal del municipio, no en el grado 04 como lo dispuso la Alcaldía. El juzgado comprobó en los documentos que el cargo de mayor jerarquía en esta categoría es el de Tesorero General, código 201, grado 06, y por lo tanto, señala que los nuevos inspectores debieron ser clasificados en ese grado y no en uno inferior.

El fallo enfatiza que la sola creación de los cargos no cumple el mandato judicial cuando la asignación salarial ignora el mandato legal. La administración, según el juez, no cuenta con discrecionalidad para escoger el grado, pues la ley es clara respecto a que debe asignarse el nivel profesional más alto vigente. Además, el juzgado criticó las demoras en la aplicación del fallo, ya que estas terminan afectando los derechos de los servidores públicos y la eficacia de la justicia.

Adicionalmente, el alcalde tendrá que realizar, de manera inmediata, todas las gestiones necesarias para cumplir de forma real y efectiva la sentencia de mayo. La providencia también instruyó enviar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que determinen si existen conductas sancionables dentro del proceso. Esta decisión puede ser apelada y, en caso de que no se presente recurso alguno, el expediente se enviará al Tribunal Administrativo del Cesar para continuar con el trámite respectivo, que tendrá efecto suspensivo.

¿Por qué se sancionó al alcalde de Valledupar por la implementación de la Ley 2492 de 2025?

La sanción al alcalde Ernesto Orozco Durán se produjo por no cumplir adecuadamente una sentencia que le ordenaba ubicar a los nuevos inspectores de Convivencia y Paz en el grado más alto del nivel profesional de la planta de personal, como lo exige el parágrafo 3 del artículo 6 de la Ley 2492 de 2025, según el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar. El fallo consideró insuficiente la creación de los cargos si no se respeta la asignación salarial ordenada por la ley.

¿Qué funciones cumplen la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en casos administrativos como este?

En este contexto, el Juzgado ordenó remitir copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que evalúen si las actuaciones del alcalde pueden ser objeto de investigación penal o disciplinaria, respectivamente; es decir, verificar si existe responsabilidad por posibles faltas contra la ley o el deber funcional dentro de la administración pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.