Procuraduría abrió nueva investigación a exgobernador de San Andrés por contrataciones

Una nueva investigación disciplinaria envuelve al exgobernador de San Andrés, Julio Hawkins. En esta ocasión, el Ministerio Público abrió una investigación en su contra por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un proyecto, caso similar al que ocurrió con la Procuraduría y funcionarios del Sena, para mejorar el nivel de inglés a cerca de 9.000 estudiantes y 140 profesores de 11 colegios del archipiélago. La investigación también involucra a las exsecretarias de Educación y Planeación, Lucía Marcela Páez y Nidia Angélica Hernández.

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La investigación del Ministerio Público da cuenta que pesar de que el proyecto, que costó más de ocho mil millones de pesos, se ha desarrollado en los tiempos estipulados y actualmente presenta un avance físico y financiero de 95%, se habría firmado sin tener en cuenta las recomendaciones contenidas en el concepto técnico formulado por el Ministerio de Educación para este tipo de actividades.

La Procuraduría encontró además que este proyecto fue firmado, desconociendo e inobservando los lineamientos de manual de contratación de la Fundación Universitaria del Valle, entidad seleccionada por la Gobernación para ejecutar el proyecto.

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Ante lo anterior, el Ministerio Público solicitó como pruebas los documentos que sustentaron las etapas de preinversión, formulación, presentación, viabilidad, entre otros.

“para determinar su estado actual y establecer su nivel de cumplimiento con las características determinadas en la planeación, así como a los establecimientos educativos y demás lugares donde se desarrolla o desarrolló el proyecto para determinar su situación física, financiera y jurídica, así como su sostenibilidad”, dice el Auto de apertura.

La Procuraduría también investiga al exgobernador Hawkins por presuntas irregularidades en la construcción de un megacolegio. La investigación contra el mandatario departamental corresponde a un proyecto que fue aprobado por el OCAD Región Caribe el 9 de julio de 2013 por un valor que superó los $49.100 millones y que está sin concluir desde 2018. Además del retraso en su ejecución, el Ministerio Público encontró que durante las etapas de planeación se habrían cometido fallas en los estudios y diseños ya que se entregaron incompletos.

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Lo que reprocha el Ministerio Público es que, a raíz de eso, se empezaron a generar adiciones al convenio firmado por la Gobernación, lo que llevó a que se ejecutaran tres prórrogas del proyecto sin que este culminara con éxito. Por el contrario, terminó siendo abandonado por el contratista.

Así las cosas, la Procuraduría busca determinar la responsabilidad del mandatario departamental, por lo que solicitó un informe a la administración sobre cuáles fueron las razones para haber abandonado la obra y copia de la liquidación de los contratos que se llevaron a cabo.