¿Bajaron el sueldo a los congresistas en Colombia? Siguen en el top de los mejor pagados de Latinoamérica

El Congreso colombiano se mantiene entre los parlamentos con mayores salarios de América Latina, incluso después de una reciente reducción impulsada por el Gobierno actual. De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, a partir del 20 de julio de 2026, los congresistas del país dejarán de recibir la prima especial de servicios, una medida decretada por el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, esta restricción solo representa una porción de sus ingresos, sin cambiar de forma significativa su posición en el ranking regional de los congresos mejor remunerados.

Previo a la vigencia de la medida, los senadores y representantes en Colombia percibían mensualmente alrededor de 52 millones de pesos, distribuidos en un salario básico de 12,45 millones, gastos de representación por 22,14 millones y una prima de servicios equivalente a 16,91 millones. Ahora, sin la prima, sus ingresos mensuales se sitúan en 34,59 millones de pesos, lo que, según El Colombiano, equivale a 9.405 dólares utilizando la tasa de cambio del 28 de enero del año en curso.

Estos montos colocan a los legisladores colombianos como los segundos mejor pagados de la región, únicamente superados por los uruguayos, quienes reciben aproximadamente 10.145 dólares mensuales. El estudio citado en el artículo fue elaborado por El Colombiano con información de fuentes oficiales, otros medios de comunicación y datos recopilados por la organización no gubernamental Directorio Legislativo. De hecho, Colombia supera a naciones con economías de mayor escala como Brasil, donde los ingresos legislativos promedian los 8.920 dólares, ubicándolos en la tercera posición regional.

El ranking continúa con Chile (8.551 dólares mensuales), aunque esta cifra podría incrementarse próximamente debido a un proyecto de ley en trámite que busca un reajuste general para el sector público. Más abajo se encuentran Perú (8.239 dólares), México (senadores 7.667, diputados 4.593) y Argentina, donde los ingresos varían según la cámara y las compensaciones por residencia fuera de la capital. Los legisladores de Paraguay, Costa Rica, Panamá y Ecuador ocupan los puestos siguientes, mientras que en Bolivia los congresistas reciben el menor salario de la región, con 3.333 dólares al mes.

La reducción salarial ha sido vista como necesaria por sectores del mismo Congreso, particularmente quienes por años promovieron proyectos de ley en esa dirección. La senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde, citada por El Colombiano, recuerda que en la última década se radicaron 18 iniciativas orientadas a reducir estos salarios, pero ninguna prosperó hasta el decreto reciente. No obstante, voces críticas como la del representante Daniel Carvalho sugieren que la decisión fue retardada estratégicamente, calificándola de oportunista al coincidir con el calendario electoral más próximo.

A pesar de la reducción, el salario de los congresistas colombianos sigue representando más de 17 veces el salario mínimo legal vigente, un reflejo de las profundas desigualdades salariales del país según las fuentes mencionadas. Si bien algunos ven la reducción como un avance hacia una mayor equidad, persisten dudas acerca del impacto real de la medida en el contexto político y social colombiano.

¿Cómo se comparan los gastos de representación de los congresistas colombianos con los de otros países de la región?

Los gastos de representación constituyen una fracción importante del ingreso total de los congresistas en Colombia, según el informe de El Colombiano. Esta asignación busca cubrir costos asociados a la labor legislativa que no están contemplados en el salario básico. Sin embargo, el monto destinado en Colombia es sustancialmente superior respecto al promedio regional, lo que contribuye a colocar a sus legisladores en la cima del ranking de remuneraciones.

En países como Argentina y Brasil, estos componentes salariales suelen variar debido a factores como el lugar de residencia de los congresistas y sus funciones adicionales. El debate sobre la transparencia y justificación de dichos gastos sigue estando presente, especialmente en el contexto de países con altos índices de desigualdad y demandas de mayor austeridad en el sector público. La comparación invita a reflexionar sobre mecanismos de control y evaluación en el uso de recursos asignados a los representantes electos.