De mansión del narco a refugio de esperanza: así nace el primer centro para niños migrantes en Urabá

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha entregado una vivienda con avalúo catastral superior a los 73 millones de pesos colombianos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el propósito de establecer el primer Centro de Emergencia en el Urabá antioqueño. Esta iniciativa marca un punto de inflexión al convertir un inmueble previamente vinculado a actividades ilícitas en un espacio destinado a la protección y atención de menores en situación de vulnerabilidad. Según la SAE, este proceso hace parte de una política de transformación social, cuyo fin es restituir a la sociedad los bienes incautados a las economías ilegales y reorientarlos en beneficio de quienes más lo necesitan.

El centro, denominado La Casa de la Esperanza, será un refugio para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como para otros menores en riesgo. El ICBF dedicó más de 150 millones de pesos colombianos en obras de adecuación y dotación del inmueble para asegurar que las condiciones de los niños atendidos sean dignas y que reciban atención especializada. De acuerdo con lo comunicado por el ICBF, la puesta en funcionamiento de este lugar responde a una necesidad apremiante en la región, donde los flujos migratorios han dejado a numerosos menores sin acompañamiento ni protección.

Astrid Cáceres, directora del ICBF, destacó que en los últimos meses han identificado más de cien niños y niñas migrantes transitando solos por rutas de migración en la zona, lo que evidencia el alto grado de vulnerabilidad de esta población. Frente a este panorama, la apertura de La Casa de la Esperanza permitirá brindarles una acogida inmediata y un entorno seguro, cumpliendo así una función crucial en la defensa de los derechos de los menores.

Catalina Serrano, directora para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE, subrayó que la recuperación de bienes del narcotráfico y su restitución para fines sociales representa una oportunidad para reparar el daño causado por las economías ilegales. Serrano enfatizó la importancia de que las instituciones continúen trabajando conjuntamente para que estos bienes sean utilizados en favor de poblaciones vulnerables, en especial la niñez.

En este sentido, la creación del Centro de Emergencia en el Urabá antioqueño no solo concreta un acto de justicia social, sino que también envía un mensaje claro sobre el compromiso de las entidades estatales en resguardar y defender los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, cumpliendo con los mandatos de la legislación colombiana y las recomendaciones internacionales sobre protección infantil. Además, refleja la voluntad institucional de transformar realidades complejas, utilizando herramientas legales para combatir de manera integral las consecuencias de las economías ilícitas en el tejido social de las regiones más afectadas.

¿Por qué es fundamental emplear inmuebles incautados a economías ilícitas para programas de protección infantil?
La destinación de bienes recuperados de actividades ilícitas, como las vinculadas al narcotráfico, a proyectos sociales representa una forma efectiva de reparar y contrarrestar el impacto negativo que estas actividades han tenido en las comunidades. En el caso del Urabá antioqueño, emplear estos recursos para la protección de menores en situación de riesgo no solo ayuda a cerrar ciclos de violencia y vulnerabilidad, sino que fortalece la confianza de la población en las instituciones encargadas de velar por el bienestar colectivo.
Esta estrategia, adoptada por entidades como la SAE y el ICBF, permite que los bienes antes asociados con el delito se conviertan en cimientos de esperanza para las nuevas generaciones, al garantizar espacios seguros y adecuados. De esta manera, el Estado no solo recupera activos, sino que también construye mecanismos para defender los derechos de quienes más lo requieren, estableciendo precedentes para futuras intervenciones de carácter social en otras regiones del país.