Robo de camionetas de la UNP deja al descubierto la vulnerabilidad de líderes sociales en Norte de Santander

Una serie de asaltos ejecutados contra los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha puesto en alerta a las autoridades en Norte de Santander, al nororiente del país. En un lapso corto, tres camionetas asignadas a líderes sociales fueron robadas, según información consolidada por organismos de seguridad. Estos hechos ocurrieron en escenarios y momentos diferentes, aunque comparten un patrón similar: en todos los casos, hombres armados interceptaron los vehículos oficiales y forzaron tanto a los conductores como a sus ocupantes a abandonarlos, para posteriormente sustraer los automotores. Las acciones se registraron puntualmente en Ocaña, Sardinata y en la vereda La Tarrita, una zona ubicada en el trayecto hacia Pozo Azul.

Dentro de los vehículos hurtados se encontraban dos camionetas blindadas y una más de tipo convencional, todas bajo la asignación de la Unidad Nacional de Protección. Los afectados identificados corresponden a Arturo Garavito, Luis Jesús Prada y Gabriel Ángel Quintero, reconocido líder de proyectos de restitución de tierras en la región. Aunque las acciones ocurrieron de forma aislada, las autoridades no descartan que los sucesos puedan estar conectados, dado el método repetitivo y organizado empleado durante los atracos. Adicionalmente, se investiga si en el transcurso de estos robos los agresores también se adueñaron de las armas de dotación que portaban los escoltas, lo que supondría un riesgo aún mayor para la seguridad de los beneficiarios y la población circundante.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a la participación de disidencias armadas activas en la zona, información corroborada por el diario El Tiempo. Estos grupos serían los responsables de apropiarse de este tipo de vehículos tanto para facilitar su movilidad en áreas de difícil acceso como para insertarlos en redes de tráfico ilegal, en algunos casos traspasando fronteras nacionales.

La Unidad Nacional de Protección, en respuesta a estos hechos, ha iniciado los procedimientos necesarios para reponer los vehículos sustraídos. Esta medida busca reforzar los esquemas de seguridad y evitar que los líderes sociales permanezcan desprotegidos en medio de un clima de alta tensión. La situación ocurre en un contexto de incertidumbre para la entidad, debido a que recientemente se conoció la existencia de una deuda que supera los 400.000 millones de pesos, generada por el alquiler de cerca de 5.000 vehículos usados para la protección de funcionarios y líderes. Estos compromisos financieros pendientes, que se remontan desde finales de 2025 según lo divulgado, amenazan con poner en riesgo la continuidad de los programas de resguardo, justo cuando la violencia contra líderes sociales sigue en aumento.

¿Por qué la protección de líderes sociales depende tanto del alquiler de vehículos? La utilización de esquemas de seguridad conformados por vehículos arrendados es un mecanismo central para la Unidad Nacional de Protección, tal como lo describen los reportes recientes sobre la millonaria deuda de la entidad con empresas de alquiler. El modelo obedece a la urgencia y flexibilidad exigida por los riesgos que sufren líderes sociales y beneficiarios del programa, ya que la compra directa de vehículos podría ser un trámite más lento e inflexible.

Sin embargo, esta dependencia de empresas externas ha dejado expuesto el programa, pues cualquier crisis financiera o retraso en los pagos amenaza directamente la protección que reciben cientos de personas cuya vida se encuentra en riesgo. En ese sentido, la problemática financiera de la UNP no solo representa un asunto administrativo, sino que compromete la capacidad estatal de garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en escenarios complejos como Norte de Santander.