Economía
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El senador, capturado este martes por presuntas irregularidades en contratación, entregó su carta de dimisión y buscará ser investigado por la Fiscalía.
La misiva, que emitió menos de 24 horas después de ser capturado, pide que le sea aceptada la renuncia de forma inmediata y añade:
“Decisión que obedece a la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que me impide continuar con el normal desarrollo de mis deberes y funciones como congresista”.
Aguilar asegura que buscará concentrarse en su defensa y demostrar su “inocencia”; sin embargo, W Radio indicó que “lo que buscará la defensa del congresista es que el caso salga de la Corte y sea asumido por la Fiscalía”.
Dicha estrategia no se la alcanzaría fácilmente, pues el delito del que lo acusan lo habría cometido cuando fue gobernador de Santander (2014-2015), cargo en el que también es aforado.
Además, debe esperar que su renuncia sea aceptada por la mesa directiva del Senado, ahora encabezada por Juan Diego Gómez. Al mismo tiempo, el alto tribunal estudia si seguir con su proceso.
La Corte Suprema lo señala de celebrar contratos sin los requisitos legales y de presuntamente ordenar a funcionarios de la Gobernación de Santander de “favorecer y entregar dichos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él”.
La emisora difundió algunas de las pruebas contra el excongresistas sobre los contratos en la Villa Olímpica de Bucaramanga, entre otros:
Hay otros funcionarios de la entidad salpicados y señalados de “organizar” las millonarias licitaciones en una “oficina paralela” para adjudicar los contratos, indicó Blu Radio.
Uno de ellos es Julián Jaramillo, exasesor de Aguilar, y quien presuntamente organizaba “las licitaciones sastre para el contratista elegido”.
La emisora también menciona a otros hombres de confianza de Aguilar: Javier Felipe Villamil, exasesor Jurídico del exgobernador, y Reinaldo Castillo Parra, quien asumió la Secretaría de Infraestructura cuando su antecesora renunció advirtiendo sobre irregularidades en los contratos; y Jorge Céspedes Camacho, exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Santander.
Además, hay una serie de contratistas, entre otros:
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