Revelan que Petro entregó título de mina de oro que está pegada a batallón militar en Antioquia

El presidente de Colombia no solo estuvo presente en el evento en 2024, sino que apareció junto a la mujer que figura como propietaria del terreno.

El presidente Gustavo Petro entregó personalmente un título para una mina de oro, cuya explotación se ubica exactamente al lado del batallón Rifles, en Antioquia.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) aprobó esta concesión durante el año 2024, según reveló diario El Tiempo, que en el encabezado de su informe señaló que “se explota ‘ilegalmente'”. El hecho provoca una fuerte controversia por los antecedentes de actividades ilícitas reportados en el terreno.

Esta información coincide con una nota del diario estadounidense The New York Times, que publicó un reportaje sobre el tema. El medio internacional resaltó cómo una mina ilegal de oro en Colombia operaba justo al lado de un importante batallón del Ejército.

“Las imágenes eran claras: mineros con mangueras de alta presión estaban destrozando una zona boscosa de la base, sede del Batallón Rifles 31, una unidad militar colombiana. Pudimos ver lo que parecía ser un límite, pero no había rastro de una cerca que separara la base de La Mandinga. Tras compartir las imágenes con los militares y solicitar comentarios, el comandante de la base, el coronel Daniel Echeverry, negó que se estuviera extrayendo oro en su base”, relató el periodista Federico Ríos en The New York Times.

El informe fue publicado el 26 de abril de 2026, pero el caso comenzó el 11 de abril de 2024, cuando una comitiva del Gobierno Nacional aterrizó en Caucasia, según indicó El Tiempo. El mandatario y varios ministros asistieron para celebrar la denominada Asamblea Popular por la Paz y la Vida.

La plaza pública del municipio sirvió como escenario para discutir la formalización minera y los acueductos rurales. También centraron el debate en el medio ambiente y la planeación del territorio alrededor del recurso hídrico local.

Álvaro Pardo, quien presidía la ANM en ese momento, ofreció el discurso de apertura. Durante el evento, los funcionarios procedieron con la entrega oficial de diversos títulos mineros a los pobladores de la región antioqueña.

El video de la jornada muestra al presidente Petro en tarima. Andrés Camacho, entonces ministro de Minas, también participó en la entrega de las licencias junto al equipo técnico de Pardo.

La primera beneficiaria en subir fue Hermelina Isabel Cardozo Calle. Ella es la comerciante que figura como titular del contrato de concesión de la mina La Mandinga, situada en predios vecinos a la unidad militar de Cáceres.

Dicha zona pertenece a la jurisdicción del batallón Rifles número 31. Resulta inexplicable que el Gobierno otorgara la licencia ambiental y el contrato si ya existían denuncias formales sobre irregularidades graves en ese mismo lugar.

El Tiempo posee un reporte militar del 13 de diciembre de 2022 que alerta sobre la extracción ilícita. Dicho documento técnico surgió mucho antes de que el Gobierno de Petro oficializara el título para Cardozo Calle.

El teniente Héctor Leonardo Saavedra envió una comunicación a Corantioquia el 23 de noviembre de 2022 detallando los daños. El oficial describió el impacto ecológico que causaban los mineros informales en la zona colindante a la base.

“Actualmente, el predio Mandinga es colindante con el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles, donde hemos sido testigos y afectados directos de la grave devastación que se presenta a causa de las labores de extracción ilegal e informal de minerales desarrolladas por pobladores de los municipios de Cáceres y Caucasia, lo cual ha desencadenado la remoción y desaparición de extensas áreas de montaña, el vertimiento de mercurio sobre los afluentes hídricos que surten el recurso a la población y el riego de químicos combustibles y demás materiales utilizados en las actividades de minería que se desarrollan por cientos de ciudadanos en los mencionados predios de forma continua todos los días”

El reporte detalla pasivos ambientales por la intervención a la flora, la fauna y los suelos locales. Estas acciones afectan la hidrología y la geomorfología de un área que ya presentaba solicitudes previas de legalización minera sin éxito.

“De acuerdo con la información aportada por el Ejército Nacional, se evidencian unos pasivos ambientales por las intervenciones efectuadas a la flora, fauna, suelo, aguas, que afectan directamente la hidrología, geomorfología del área y su paisaje. La zona no hace parte de áreas protegidas, ni de zonas de minería restringida. La zona se encuentra ocupada por varias solicitudes de título minero y solicitudes de legalización minera. Los hechos se constituyen en infracción ambiental dado que esta actividad se desarrolla sin ningún estudio técnico de planeamiento minero, ni instrumento de planificación, control y manejo ambiental que identifique los recursos naturales de la zona, evalúe la capacidad del ecosistema para asimilar el cambio y defina las medidas de manejo ambiental necesarias para la conservación del patrimonio ambiental del área”.