Resolución de Minsalud del gobierno Petro pone en jaque a Medicina Legal: necropsias estarían en riesgo

El núcleo del conflicto legal radica en el anexo técnico número 2 de la citada resolución —en sintonía con la normativa 1633 de 2025—, el cual estipula de forma taxativa que las salas de autopsias hospitalarias serán de uso exclusivo para cadáveres generados dentro de la misma institución prestadora de servicios de salud. Esta disposición anula de facto la figura del uso compartido o articulado de morgues locales, impidiendo que los peritos de Medicina Legal utilicen las instalaciones de los hospitales públicos para realizar los procedimientos legales en casos de muertes violentas o sospechosas. Municipios como Facatativá (Cundinamarca), Lorica (Córdoba) y El Banco (Magdalena) enfrentan un escenario crítico ante la imposibilidad material de procesar los cuerpos, de acuerdo con el citado medio.

La situación escaló formalmente a los despachos institucionales luego de que el gerente del Hospital San Rafael de Facatativá consultara al Ministerio de Salud sobre el procedimiento a seguir ante fallecimientos externos. La respuesta de la Subdirección de Salud Ambiental ratificó que no es viable el traslado de cuerpos ajenos a la institución para autopsias médico-legales, obligando a que la policía judicial remita los casos directamente a las sedes centrales de Medicina Legal, ignorando por completo la realidad geográfica y operativa de las regiones apartadas del país.

La reacción interna del instituto forense no se hizo esperar. A través de comunicaciones oficiales, directores seccionales advirtieron al director general, Ariel Emilio Cortés, que este concepto oficial desconoce abiertamente leyes históricas y decretos de articulación estatal, tales como la Ley 09 de 1979, el Decreto 786 de 1990 y el Decreto 780 de 2016. Los funcionarios alertaron que la directriz gubernamental abre la peligrosa puerta para que los hospitales del país cierren masivamente sus puertas a los peritos forenses, generando un cuello de botella judicial de incalculables proporciones.

Este panorama crítico agrava la ya maltrecha situación financiera de la entidad, que además de carecer de infraestructura especializada en zonas clave, arrastra duros golpes operativos recientes, como la destrucción del laboratorio de genética en Cali a raíz de un fuerte movimiento telúrico. Mientras los directivos discuten salidas jurídicas urgentes para esquivar el entrampado normativo heredado de la administración pasada, el fantasma de una parálisis forense amenaza con dejar sin respuestas oportunas a la justicia y a los familiares de las víctimas en todo el territorio nacional.