Encuestas, alianzas inesperadas y debate territorial: así se mueve el tablero político tras el fin de la veda

Con el fin de la veda impuesta por la Ley 2495 de 2025, las encuestas electorales han regresado con fuerza al escenario político, alterando el ritmo habitual de la campaña. Según reporteros de este diario, los recientes sondeos generaron reacciones inmediatas: mientras los partidos de oposición apelaron al diálogo entre candidatos de centro-derecha por temor a una dispersión del voto, el oficialismo, identificado con el petrismo, comenzó cálculos sobre la viabilidad de un “frente amplio” en función de la favorabilidad actual del presidente. Este escenario de datos en constante actualización se alimenta no solo de las empresas especializadas tradicionales sino también de encuestas encargadas por partidos y dirigentes políticos.

En este sentido, la Alianza Verde se apresta a lanzar su propio estudio demoscópico, con una ambiciosa muestra de aproximadamente 10.000 personas en 19 departamentos, cuyo objetivo será evaluar la aceptación de los congresistas pertenecientes a esa colectividad, según información obtenida por este medio. Además, actores políticos individuales como Miguel Uribe y María Fernanda Cabal, representantes en el Congreso, han contratado encuestas independientes para medir su posicionamiento, sumándose a ejercicios similares promovidos por la propia Presidencia y exgobernadores. El impacto de esta sobreoferta de datos será determinante para orientar eventuales alianzas y nuevas estrategias en la contienda electoral, pues cada detalle recabado puede influir en la toma de decisiones de campaña.

El ambiente político, sin embargo, no solo está marcado por la evaluación del voto, sino también por intensos debates legislativos. Esta semana llegó al Congreso un proyecto de ley con un propósito claro: eliminar el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. El punto de discordia radica en las facultades otorgadas al Ejecutivo para reservar ciertos territorios con el exclusivo fin de destinarlos a la producción de alimentos.

Esta decisión generó conflicto entre el Gobierno Nacional y algunos departamentos, especialmente Antioquia, cuyo gobernador, Andrés Julián Rendón, la ha calificado como una “usurpación” de la autonomía territorial. Lo peculiar de la propuesta para derogar dicho artículo es que cuenta con el respaldo de varios congresistas que previamente habían apoyado, mediante su voto, tanto la medida como el propio Plan Nacional de Desarrollo. Entre estos nombres resaltan Juan Felipe Lemos, representante de Antioquia, y Alfredo Deluque, del departamento de La Guajira, ambos miembros del Partido de La U. Ahora, estos legisladores buscan rectificar su posición, alineándose con la oposición en el nuevo escenario de debate.

En los siguientes meses, tanto las cifras arrojadas por las distintas encuestas como los resultados de este nuevo capítulo legislativo jugarán un papel fundamental en la configuración de alianzas y estrategias políticas hacia las próximas elecciones.

¿Qué implica reservar territorios para la producción de alimentos?

La reserva de territorios para la producción de alimentos, según lo dispuesto por el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, faculta al Ejecutivo a designar ciertos suelos específicamente para fines agrícolas. Esta iniciativa, ahora en discusión, ha puesto sobre la mesa el equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria nacional y la autonomía de los gobiernos departamentales para decidir sobre el uso de sus tierras.

Este punto es relevante debido al impacto directo que puede tener sobre proyectos de desarrollo local, ordenamiento territorial y derechos de las comunidades regionales. El debate aún sigue abierto, marcando una tensión significativa entre el Gobierno central y las entidades territoriales, un tema que seguramente continuará evolucionando en la agenda política nacional.