Reforma agraria en Colombia: avances y obstáculos bajo el gobierno de Gustavo Petro en la formalización de tierras

El gobierno de Gustavo Petro inició su periodo con el firme propósito de gobernar para quienes históricamente estuvieron marginados, especialmente para los campesinos sin título de propiedad y comunidades rurales que, pese a trabajar la tierra durante décadas, nunca consiguieron la seguridad jurídica sobre sus predios. Bajo esa promesa, la reforma agraria se convirtió en la bandera central de su mandato, aunque cuatro años después el balance muestra avances parciales, retos significativos y obstáculos políticos que frenaron sus objetivos, de acuerdo con un análisis de El Colombiano.

El objetivo principal de la reforma era cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016: formalizar siete millones de hectáreas y comprar otros tres millones para entrega a campesinos. Sin embargo, ninguna de esas metas se cumplió a cabalidad; por ejemplo, datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) al 19 de abril de 2026, señalan que solo se habían comprado 254.103 hectáreas, muy lejos del millón proyectado para el cuatrienio. No obstante, donde más se avanzó, según MinAgricultura, fue en la formalización y regularización: a mayo de 2026 reportaban dos millones de hectáreas formalizadas, con 41.000 títulos y más de 116.000 familias beneficiadas.

La idea de la reforma no es nueva; la Ley 200 de 1936, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, ya intentó abordar la desigualdad en el campo colombiano, una deuda que aún persiste tras casi un siglo. Además de la simple entrega de tierras, la apuesta de este gobierno buscaba establecer una jurisdicción agraria especializada, para que los campesinos pudieran dirimir disputas de propiedad en jueces con conocimiento rural, y no en juzgados civiles sobrecargados y alejados de la realidad campesina. Sin embargo, el proyecto de ley necesario para que esta jurisdicción fuera plenamente operativa fue archivado en el Congreso el 20 de junio de 2026.

Ese fracaso en el Legislativo se debió, según analistas como Carlos Duarte y la exministra Cecilia López (ambos citados por El Colombiano), más a la falta de voluntad política que a deficiencias técnicas. Para Duarte, el ausentismo y los intereses agrarios de ciertos senadores impidieron el avance; para López, el intento de otorgar poderes excesivos a la Agencia Nacional de Tierras rompió el consenso. Sin la ley reglamentaria, la jurisdicción existe en el papel, pero carece de funcionamiento real.

El impacto de la ausencia de justicia agraria es profundo, pues la informalidad sobre la tenencia de tierra afecta a más de la mitad de los predios rurales, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra). Esta situación perpetúa la inseguridad jurídica y los conflictos, mientras el gobierno entrante tendrá que enfrentar retos estructurales como la desigualdad rural y la acumulación de litigios territoriales no resueltos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el balance de la reforma agraria bajo el gobierno de Gustavo Petro?

El balance refleja avances en la formalización de la propiedad rural, con dos millones de hectáreas formalizadas y más de 116.000 familias beneficiadas, pero fracasos en la meta de compra y entrega de tierras y en la implementación de la jurisdicción agraria especializada. Obstáculos burocráticos, políticos y de seguridad impidieron cumplir las metas más ambiciosas anunciadas al inicio del periodo de gobierno.

¿Qué es la jurisdicción agraria y por qué no está funcionando plenamente en Colombia?

La jurisdicción agraria se concibió como un sistema de jueces especializados en conflictos sobre tierra rural, permitiendo soluciones más eficaces y justas para campesinos y comunidades. Aunque su creación está respaldada por el Acuerdo de Paz y reformas constitucionales, la falta de una ley que regule su procedimiento ha impedido su funcionamiento pleno; el proyecto necesario fue archivado en el Congreso y su futuro está en manos del próximo Legislativo.