La otra cara de la “guerra contra las drogas”: así buscan transformar el debate sobre narcotráfico en Latinoamérica

La tercera edición de la conferencia impulsada por la Red de Estudios Sobre Drogas en América Latina (Redesdal) se consolida como un punto de encuentro fundamental para analizar los retos de la producción, tráfico y consumo de drogas en la región. Este evento, apoyado por instituciones reconocidas como el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas y la Facultad de Ciencia Política de Northwestern University, convoca tanto a expertos académicos como a representantes de comunidades afectadas. Su propósito central es examinar de manera integral las múltiples dimensiones y consecuencias sociales, económicas y políticas del fenómeno de las drogas en América Latina.

Entre los temas más destacados se encuentran los debates sobre las etapas que configuran el mercado de drogas: producción, distribución y consumo. En este sentido, la conferencia dedica paneles a cuestiones como la regulación del cannabis y las reformas urgentes para políticas de drogas, así como a la influencia de la denominada gobernanza criminal. Ana María Arjona, entrevistada por El Espectador, subraya que en muchas regiones, especialmente en Colombia, son los grupos armados ilegales quienes ejercen control sociopolítico, asumiendo funciones normalmente reservadas al Estado. Este fenómeno revela que las estrategias militares y represivas resultan insuficientes, ya que ignoran la importancia de fortalecer la presencia estatal real en territorio y de entender las dinámicas locales que propician la expansión de economías ilícitas.

Esta mirada crítica se apoya en investigaciones recientes: tanto la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA), como informes como el de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2024, confirman que la llamada "guerra contra las drogas" no solo ha fracasado en su objetivo de disminuir la oferta y demanda, sino que ha ocasionado un aumento en la violencia y la fragmentación de grupos criminales. Por ello, el evento impulsa la discusión sobre enfoques alternativos, donde la protección de la vida y la reducción de daños ocupen un lugar prioritario frente al castigo y la criminalización.

Una de las aportaciones más significativas de la conferencia es su énfasis en las realidades de las comunidades productoras tradicionales de cultivos ilícitos como la hoja de coca. Los reportes del Observatorio de Cultivos en Latinoamérica y la Universidad de los Andes evidencian que los campesinos vinculados a estos cultivos suelen estar sumidos en la pobreza, lejos de los estereotipos que los asocian directamente al narcotráfico.

La conferencia reconoce también que los mercados ilícitos en América Latina tienden a diversificarse, con la emergencia de nuevas sustancias —como el "tusi", una mezcla sintética con éxtasis— y la incursión de actores criminales en economías ilegales complementarias como la minería clandestina o el tráfico de personas. Todo esto refuerza la urgencia de avanzar hacia políticas flexibles, informadas y adaptativas.

En conclusión, Redesdal procura transformar la narrativa pública sobre las drogas en América Latina, basándose en evidencia empírica y la integración de saberes territoriales, académicos y políticos. Este diálogo interdisciplinario resulta fundamental en la búsqueda de respuestas viables a un fenómeno que, aunque profundamente arraigado, sigue exigiendo alternativas más justas y sostenibles.

¿Qué implica la gobernanza criminal y por qué es relevante analizarla en el contexto de las drogas?
El concepto de gobernanza criminal se refiere al fenómeno en el cual grupos armados ilegales asumen funciones estatales, prestando servicios y estableciendo normas de convivencia en territorios donde la presencia del Estado es débil. En el contexto de las drogas en América Latina, analizar la gobernanza criminal resulta esencial porque ayuda a comprender cómo estos grupos mantienen su control, influyen en la economía local y propician la expansión de actividades ilícitas. Entender esta dinámica permite diseñar políticas públicas más efectivas, que incluyan desarrollo social y fortalecimiento institucional, además del tradicional enfoque represivo.

¿Cuáles son las consecuencias para las comunidades productoras de cultivos ilícitos?
Las comunidades que dependen de cultivos como la coca suelen enfrentarse a situaciones de pobreza estructural, estigmatización y violencia. Según datos presentados en la conferencia y reportes académicos, gran parte de los habitantes en estas zonas logra ingresos inferiores al promedio nacional, y a menudo sus necesidades reales son ignoradas por las políticas antidrogas vigentes. Esto genera dinámicas de revictimización y marginación, subrayando la importancia de estrategias diferenciadas que reconozcan la complejidad social de quienes viven bajo la influencia del narcotráfico y sus repercusiones.