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El caso ocurrió en la Universidad Tecnológica del Chocó entre 2014 y 2015; la funcionaria judicial era docente de ese centro académico.
Además de la jueza, por este caso fueron capturados 10 abogados que se graduaron, al parecer, con documentos falsos que les dio la profesora, dice la Fiscalía. También detuvieron a un defensor público.
De acuerdo con el ente investigador, la docente cobraba entre $ 1’500.000 y $ 2’000.000 por firmar actas a estudiantes que no habían sustentado sus trabajos de grado.
Dos de los abogados detenidos, añade la Fiscalía, son funcionarios de entidades públicas de Quibdó, la capital de Chocó.
Este caso hace parte de una investigación de la cual ya hubo avances el 9 de marzo de este año.
Ese día, la Fiscalía informó que, en 2015, Irina Belén Londoño Asprilla, exdecana de Derecho de la universidad, hacía parte de una red que falsificaba calificaciones, monografías y actas de grado para que estudiantes obtuvieran el título de abogados. 108 personas se graduaron con esta operación fraudulenta.
Londoño Asprilla y Carmen Valencia Zea (secretaría jurídica de la facultad) recibían entre 5 millones y 10 millones de pesos por cada trámite, precisó el ente acusador en ese momento.
Según la Fiscalía, de la red también hacían parte James Antonio Moreno Romaña y el ingeniero teleinformático Harvin Leudo Perea.
Además, había un estudiante de Derecho que ‘hackeaba’ el sistema de notas de la universidad para incluir información fraudulenta.
Todos ellos fueron imputados por los delitos de cohecho propio, falsedad en documento público, fraude procesal y estafa. Londoño Asprilla aceptó los cargos. Valencia Zea, Moreno Romaña y Leudo Pera no se allanaron.
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