22 cuerpos recuperados en Nariño: un paso vital en la búsqueda de desaparecidos y la construcción de paz en Colombia

La reciente recuperación de 22 cuerpos en fosas comunes en el departamento de Nariño, en el sur de Colombia, representa un paso importante dentro del proceso de Co-construcción de Paz Territorial entre el Gobierno colombiano y el grupo armado Comuneros del Sur. Según El Espectador, estos cuerpos—19 hallados en Samaniego y Santa Cruz de Guachavéz, y 3 en Cumbal—fueron localizados en una región profundamente afectada por el conflicto armado, habitada por comunidades rurales y étnicas marcadas por décadas de violencia y desapariciones forzadas. La magnitud de este hallazgo se refleja en el contexto regional: de acuerdo con cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en Nariño se concentra más de 4.500 casos documentados de desapariciones, el resultado de enfrentamientos constantes entre diversas fuerzas armadas y la militarización del territorio desde finales de los años noventa.

La importancia humanitaria de estas acciones se evidencia no solo en el rescate físico de los cuerpos, sino en la manera en que se llevan a cabo: bajo acuerdos claros surgidos en la mesa de diálogo, donde la intervención de comunidades y autoridades étnicas ha sido esencial para asegurar, en el proceso, el respeto a las prácticas tradicionales y una perspectiva intercultural genuina. Este enfoque, reseñado por El Espectador, apunta a la reparación integral y el reconocimiento de las víctimas en el centro de la transición hacia la paz.

En paralelo, la UBPD ha fortalecido la capacidad de los integrantes de Comuneros del Sur, quienes han recibido capacitación en metodologías humanitarias y extrajudiciales para la búsqueda. Tales acciones buscan robustecer el compromiso de los actores armados con la verdad y la dignidad, pilares en los procesos de justicia transicional. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha impuesto sanciones por delitos como el secuestro contra excombatientes; la aceptación pública de responsabilidades y los pedidos de perdón por parte de antiguos líderes de grupos armados, como se ha publicado en medios confiables, ilustran avances hacia la reconciliación nacional.

La recuperación en Nariño se inserta en un proceso nacional cuyo objetivo es la localización de personas desaparecidas y la reivindicación de las víctimas del conflicto armado, una tarea impulsada también por el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambos organismos han señalado el peso fundamental de la participación comunitaria y la atención a los enfoques de derechos humanos como herramientas decisivas para asegurar la no repetición y restituir la confianza en la sociedad.

Más allá de la restitución física de los cuerpos, este proceso enfatiza la dimensión psicológica y social de la reparación, pues permite a las familias salir de la incertidumbre y empezar a reconstruir sentidos de vida después de décadas marcadas por el dolor y la ausencia. El seguimiento riguroso y la transparencia, valores que la Fundación Gabo asocia con el periodismo responsable, resultan esenciales para evitar la revictimización y fortalecer la credibilidad en los mecanismos de paz. En definitiva, los resultados alcanzados en Nariño, pese a las dificultades inherentes a territorios históricamente atravesados por la violencia, abren puertas a la esperanza de alcanzar una verdad amplia y una reparación integral, cimentando el proceso de posconflicto colombiano sobre bases más sólidas y respetuosas de la diversidad y los derechos de las víctimas.

La relevancia de la inclusión de comunidades y autoridades étnicas en este proceso reside en su conocimiento ancestral del territorio y sus valores culturales. Esto permite identificar prácticas adecuadas y respetuosas al momento de localizar y manejar los cuerpos, facilitando una recuperación que reconozca tanto la dignidad individual como colectiva de las víctimas. Además, su participación contribuye a edificar confianza entre las instituciones, los grupos armados y las comunidades afectadas, generando condiciones más propicias para el diálogo y la reconciliación.

También, este enfoque asegura que el proceso sea no solo técnico o legal, sino profundamente humano y adaptado a las diversas realidades culturales del país. Según lo reseñado por El Espectador y la CIDH, el respeto por los rituales y saberes locales es indispensable para avanzar hacia una paz realmente incluyente y reparadora para todos los sectores sociales impactados por el conflicto armado.

Una metodología extrajudicial de búsqueda, tal como la define la UBPD y citan fuentes como el Centro Nacional de Memoria Histórica, consiste en un conjunto de procedimientos orientados a localizar personas desaparecidas sin requerir procesos judiciales estrictos o la existencia de denuncias formales previas. Esta estrategia permite flexibilizar y agilizar los operativos de recuperación, involucrando directamente a actores territoriales y familiares en las labores de búsqueda.

En el caso colombiano, aplicar metodologías extrajudiciales es especialmente relevante producto de la dificultad para acceder a justicia formal en zonas rurales o de conflicto, donde los índices de denuncia suelen ser bajos y las condiciones de seguridad son complejas. Así, esta herramienta es clave para responder eficazmente a las demandas de verdad y reparación en contextos de violencia prolongada, adaptando los protocolos a las realidades sociales y territoriales del país.