Rector de la Uniatlántico desafía al Ministerio de Educación: tutela tras su sorpresivo reemplazo

El rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, presentó una acción de tutela ante el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, en contra del Ministerio de Educación de Colombia. Barrios considera que la decisión del Ministerio, mediante la cual se ordenó su reemplazo en la rectoría, vulneró derechos fundamentales como el acceso al trabajo y el mínimo vital. Esta acción se produjo después de que, el 13 de diciembre, el Ministerio dispusiera el remplazo del rector como parte de una medida de vigilancia especial sobre la universidad. Según lo expuesto por Barrios en su solicitud, la decisión de la cartera ministerial podría afectar no solo su situación económica y la de su familia, especialmente al encontrarse cercano el inicio del calendario escolar, sino también el normal desarrollo de la ceremonia de graduación de más de 1.200 estudiantes, prevista para el 19 de diciembre.

Pese a la solicitud de Barrios de que se suspendiera de inmediato la resolución ministerial mientras el caso era estudiado a fondo, el juzgado negó esta medida provisional. El juez argumentó que, aunque asumiría el conocimiento del caso, no se dieron las condiciones necesarias para amparar anticipadamente los derechos reclamados. Explicó que la concesión de este tipo de medidas requiere que el solicitante demuestre de manera indiscutible la existencia de un perjuicio irremediable, el cual debe ser urgente y evidente. De acuerdo con el tribunal, tales condiciones no se cumplieron en la situación presentada por Barrios.

El juzgado señaló entre sus razones la falta de presentación del acto administrativo que ordenaba la suspensión del rector, lo que dificultó la verificación del contenido, los argumentos y el alcance de la decisión tomada por el Ministerio de Educación. El tribunal incluso reportó que no se halló tal documento en la página web institucional. Por otra parte, respecto a la protección del mínimo vital, añadió que, aunque Barrios demostró tener una familia y dos hijos menores de edad, no quedó claro que su hogar careciera de otras fuentes de ingreso ni que su cónyuge estuviera imposibilitada para aportar al sostenimiento familiar. Asimismo, rechazó la argumentación referente a la afectación de los grados universitarios, señalando que estos corresponden a derechos de terceros.

La medida de vigilancia especial decretada por el Ministerio de Educación en noviembre, según informó El Espectador, fue motivada por presuntas irregularidades que comprometieron la transparencia y legalidad del proceso de elección del rector en la Universidad del Atlántico. El propósito expuesto por la cartera fue el de restablecer un ambiente de transparencia institucional y proteger el debido proceso. Hasta el momento, el Ministerio no ha revelado quién asumirá la rectoría, aunque aclaró en la resolución que esta información se comunicará oficialmente a la institución más adelante. La decisión definitiva sobre la tutela se anunciará antes del 21 de enero de 2026, según lo dispuesto por el juzgado.

¿Qué implica una medida de vigilancia especial para una universidad pública?

En el contexto colombiano, una medida de vigilancia especial sobre una universidad pública significa que el Ministerio de Educación asume una supervisión estricta sobre las decisiones administrativas del plantel. Esta acción se toma generalmente cuando existen indicios de irregularidades que afectan la legalidad o la transparencia en el manejo institucional, como fue señalado en el caso de la Universidad del Atlántico, donde, de acuerdo con El Espectador, se identificaron graves anomalías en el proceso de elección del rector.

La relevancia de esta pregunta radica en que la vigilancia especial puede provocar cambios en la estructura de gobierno universitario, intervenciones en nombramientos y el establecimiento de controles que garanticen el cumplimiento de normas y la integridad de los procesos internos. Esto no solo impacta a la administración, sino que también repercute en la comunidad estudiantil y académica, pues persigue asegurar que la educación se imparta bajo principios de legalidad y transparencia.