Recorte al presupuesto de la JEP genera alerta por posibles riesgos en compromisos internacionales de Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en el centro de una creciente controversia presupuestal, que ha llevado incluso a sus más altos representantes a acudir ante organismos internacionales. Según declaraciones del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, recogidas en una entrevista para El Espectador, la entidad enfrenta un posible recorte presupuestal de COP 170.000 millones. Esta suma, sumada a otras reducciones ya previstas, constituye un desfase acumulado de COP 295.840 millones respecto de lo que la JEP considera fundamental para su operación adecuada en el año 2027.

El magistrado Ramelli explicó que, frente a la solicitud inicial de COP 947.643 millones, el Gobierno radicó un presupuesto de COP 821.803 millones, lo que ya implicaba una reducción previa de COP 125.840 millones. El nuevo recorte, respaldado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso y promovido por el senador Enrique Gómez, agravaría esta situación. Ante este panorama, Ramelli remitió una carta a los fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional (CPI), Nazhat Shameen Khan y Mame Mandiaye Niang, en la que advierte que la reducción podría significar el incumplimiento de los compromisos internacionales firmados entre Colombia y la CPI en el 2021.

El acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y la CPI establecía condiciones precisas tras el cierre, por decisión del fiscal Karim Khan, del examen preliminar que el organismo había iniciado en 2004 sobre crímenes de guerra en el país. El cierre se fundamentó en la creación y funcionamiento de la JEP, órgano que demostró la capacidad judicial del Estado para esclarecer dichos crímenes. Entre los compromisos adquiridos, el Gobierno colombiano debía mantener la estructura financiera y legal de la JEP, así como asegurar la no interferencia en su labor. Según el acuerdo, cualquier cambio sustancial que obstaculizara a la JEP podría motivar la reapertura del examen y una eventual investigación formal por parte de la CPI.

El expresidente Álvaro Uribe, por medio de su abogado Jaime Granados, criticó la postura de Ramelli, considerando que la presentación de la reducción presupuestal como causal para activar competencias internacionales resulta improcedente. Uribe resaltó que el cierre del caso por parte de la CPI solo dejó en firme un marco de cooperación.

El debate, así, sigue abierto: la JEP insiste en que el recorte amenaza obligaciones internacionales y el funcionamiento de la justicia transicional, mientras otras voces advierten sobre la interpretación de estos efectos y el alcance de la jurisdicción internacional.

¿Cuál es el impacto del recorte presupuestal a la JEP en el acuerdo de cooperación con la Corte Penal Internacional?

De acuerdo con el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, el recorte de COP 295.840 millones respecto al presupuesto necesario podría representar un incumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia con la Corte Penal Internacional en 2021, lo que pondría en riesgo la estabilidad del cierre del examen preliminar y podría motivar una nueva intervención del organismo internacional.

¿Por qué el cierre del examen preliminar de la CPI sobre Colombia dependía del funcionamiento de la JEP?

Según la información entregada por la JEP y registrada por El Espectador, la CPI determinó que la creación y resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz demostraban que Colombia contaba con la capacidad institucional para investigar y juzgar los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado, lo que permitió concluir el examen preliminar iniciado en 2004 y establecer un marco de monitoreo y cooperación en reemplazo de una investigación formal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.