Presidente de la JEP advierte impacto de recorte presupuestal propuesto en el Senado sobre justicia transicional en Colombia

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, manifestó este 18 de septiembre su preocupación frente a la propuesta presentada por el senador Enrique Gómez Martínez, que plantea recortar cien mil millones de pesos (COP 100.000 millones) del presupuesto de la justicia transicional para el año 2027 y reasignarlos a la rama judicial. Esta iniciativa, mencionada por Ramelli durante la rendición de cuentas de la JEP en la Universidad Externado de Colombia, es vista por el magistrado como un desconocimiento de los compromisos estatales acordados tras el Acuerdo Final de Paz. De acuerdo con declaraciones recogidas durante el evento, este recorte haría peligrar el funcionamiento mismo de la JEP, creada con el propósito de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante cinco décadas de conflicto armado interno.

El senador Gómez Martínez, miembro del partido Salvación Nacional, sostuvo en la Comisión Primera del Senado que la JEP ha representado hasta el momento un gasto de cuatro billones de pesos con resultados “desastrosos” y la calificó como una “jurisdicción de la impunidad”. A su postura se sumó el apoyo del presidente Abelardo de la Espriella, quien en su cuenta de X solicitó que se publique y cumpla la propuesta. Esta discusión se da en un contexto de cambio de liderazgo en la JEP y ausencia de interlocución con el nuevo Gobierno, ampliando la inestabilidad institucional de la jurisdicción.

Ramelli resaltó que aprobar el traslado de recursos equivaldría a comprometer el 62 % del presupuesto de la JEP para la compra de bienes y servicios esenciales, golpeando de lleno la autonomía presupuestal y administrativa garantizada constitucionalmente. El magistrado indicó que el déficit acumulado de la JEP ya roza los COP 84.663 millones y advirtió sobre la inminencia de paralizar la entidad, lo que afectaría la protección de víctimas, testigos y funcionarios, administrada a través de convenios con la Unidad Nacional de Protección. Además, señaló la imposibilidad de cubrir arriendos, servicios públicos y mantener las sedes de Bogotá, incluyendo la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). También se verían comprometidas la seguridad informática y la reserva de información judicial, ya que el recorte incluye reducir recursos para el Datacenter en un 40 %.

Como medida, el magistrado Ramelli informó que la JEP alertará a organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Advirtió sobre el impacto negativo en derechos fundamentales de las víctimas, la independencia judicial y la estabilidad jurídica del tribunal. Finalmente, cuestionó otra reforma en curso en el Senado, que pretende revisar automáticamente las decisiones de la JEP contra miembros de la fuerza pública a través de la Justicia Penal Militar, considerando que estas iniciativas conforman ataques graves a la independencia de la justicia transicional y a los derechos de reparación de las víctimas.

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¿Qué significa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por qué es importante su presupuesto?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal creado en el marco del Acuerdo Final de Paz, encargado de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Su presupuesto resulta fundamental para garantizar autonomía operativa, cumplir compromisos internacionales y proteger a víctimas, testigos y operadores judiciales.

¿Qué consecuencias podría tener el recorte presupuestal de la JEP en el sistema judicial colombiano?

De acuerdo con el magistrado Ramelli, el recorte presupuestal pondría en riesgo la protección de miles de víctimas y testigos, podría paralizar el funcionamiento de la JEP y comprometería la seguridad de la información, evidenciando afectaciones severas en el acceso a la verdad, reparación y la justicia para quienes han sufrido el impacto del conflicto armado interno.