Crónica de una reconversión armada: ¿qué cambia tras la reclasificación de los Pachenca en el Cesar?

Reclasificación de Los Pachenca como Grupo Armado Organizado: Implicaciones en la seguridad de Cesar y Valledupar

El reciente reconocimiento oficial por parte del Gobierno Nacional de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas popularmente como ‘los Pachenca’, como Grupo Armado Organizado (GAO) ha marcado un punto de inflexión en la manera de abordar la crisis de seguridad en Valledupar y en el departamento del Cesar. Esta nueva categoría habilita al Estado para emplear toda la capacidad militar legítima disponible, permitiendo operaciones de alto impacto en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Según informó el diario El Pilón, este paso persigue enfrentar una estructura criminal consolidada que ha fortalecido su presencia en el territorio y que se asocia a delitos tan graves como homicidios, secuestros, extorsiones y el control del narcotráfico, principalmente el procesamiento y movilización de cocaína.

Durante un Consejo de Seguridad efectuado en Valledupar el pasado 8 de agosto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la clasificación de los Pachenca como GAO responde a criterios estrictos: desde su unidad de mando hasta su capacidad operativa y organizativa. Gracias a este cambio, ahora serán posibles no solo acciones militares directas, sino también controles sobre insumos estratégicos como el combustible, cuyo manejo resulta crucial para limitar las actividades ilícitas del grupo.

El origen de las ACSN remite a la desmovilización de estructuras paramilitares ligadas a Hernán Giraldo, reconocido exjefe paramilitar del Caribe colombiano. De acuerdo con estudios de Insight Crime, los Pachenca surgieron reconfigurando redes antiguas pero manteniendo una estructura sólida de poder territorial, rutas logísticas y capacidad de ejercer violencia selectiva. Esta presencia consolidada abarca 14 municipios entre Magdalena, La Guajira y el Cesar —incluyendo enclaves críticos como Santa Marta y Valledupar—, lo que les ha permitido influir en dinámicas de seguridad y economía ilícita a gran escala.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, enfatizó que este nuevo estatus obliga a reforzar la presencia institucional, mejorar el equipamiento de las fuerzas públicas y avanzar en tecnología para la vigilancia urbana y rural. El gobierno anunció una inversión de 30 mil millones de pesos en tecnología y vehículos, además de la instalación de nuevas cámaras de seguridad en municipios considerados prioritarios, de acuerdo con El Pilón. Sin embargo, persiste el interrogante sobre si estos recursos también cubrirán programas sociales de prevención y atención directa a las comunidades amenazadas.

Desde la perspectiva municipal, Pablo Bonilla, secretario de Seguridad de Valledupar, afirmó que la ciudad está preparada para afrontar el reto, mencionando incluso una disminución del 14% en homicidios en lo que va de 2025. El cambio de estatus permitirá coordinar operaciones entre Ejército y Fuerza Aérea, algo tangible tras la reciente operación conjunta del 28 de julio, que resultó en capturas clave y enfrentamientos directos, informó El Pilón.

No obstante, voces expertas alertan sobre los riesgos de centrar la respuesta solo en lo militar. Según planteó César Augusto Quintero, magíster en teoría política (entrevista, Universidad El Bosque), la designación como GAO implica reconocer que detrás de los actores armados existen proyectos políticos y sociales, lo que exige claridad en el rol de las autoridades y colaboración interinstitucional para evitar respuestas desarticuladas. Por su parte, Ariel David Rincones, especialista en el Caribe colombiano, advirtió que una intensificación de operaciones puede traducirse en desplazamientos forzados e impactos negativos sobre la población civil si no se refuerzan políticas de prevención social y protección psicosocial (entrevista, Agencia para la Reincorporación).

Este panorama refleja la complejidad del conflicto en la región Caribe, donde estructuras armadas como los Pachenca desafían abiertamente el control estatal, mezclando violencia con economías ilegales y una histórica ausencia de institucionalidad. De acuerdo con investigaciones de Insight Crime y expertos citados, evitar que la ofensiva estatal genere nuevos vacíos de poder o episodios de victimización masiva dependerá de la efectiva articulación entre fuerzas militares, autoridades locales y organizaciones sociales.

Finalmente, el caso Pachenca representa una urgencia nacional: romper el ciclo de poder de facto de actores armados en las regiones periféricas, apostando por una estrategia integral que combine seguridad, política social y justicia para avanzar en la construcción de paz en el Cesar y la Sierra Nevada.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué significa que un grupo sea categorizado como “Grupo Armado Organizado” (GAO)?

La clasificación de Grupo Armado Organizado (GAO) es una determinación oficial del Gobierno de Colombia que señala a estructuras ilegales con capacidad militar, mando jerárquico y organización interna. Esta categoría permite aplicar estrategias militares bajo el Derecho Internacional Humanitario y habilita a las fuerzas estatales a operar con más contundencia y legalidad. El reconocimiento como GAO también implica que las acciones de la fuerza pública tienen un respaldo jurídico reforzado, diferenciando estos grupos de otras formas de criminalidad común y permitiendo el uso de tácticas y recursos militares más avanzados. En el contexto de los Pachenca, esta designación intensifica la capacidad estatal para enfrentar la amenaza y limita los márgenes de maniobra tanto operativa como política del grupo armado.

¿Qué riesgos existen para la población civil tras la escalada operacional contra los Pachenca?

La intensificación de operaciones militares tras la declaración como GAO conlleva el riesgo de impactos colaterales sobre la población civil, en especial en zonas rurales donde los Pachenca mantienen control operativo. Expertos advierten que estas acciones pueden derivar en desplazamientos forzados, retaliaciones o aumento de la inseguridad si no se acompañan de políticas integrales de protección y asistencia a las comunidades vulnerables. El balance entre la ofensiva militar y la respuesta social será clave para evitar que la población quede en medio del conflicto o padezca nuevos episodios de victimización, como se ha documentado históricamente en el Caribe colombiano en situaciones similares.