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Se trata del secretario de ese segmento del Congreso, quien es muy cercano al mandatario y lo estaría ayudando en los procesos e investigaciones en su contra.
Gustavo Petro afronta varias investigaciones en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que recientemente decidió estudiar la demanda por los señalamientos de Álvaro Leyva hacia el dirigente por un presunto problema de drogadicción.
(Vea también: Petro perdió a una de sus principales fichas a la presidencia luego de varios coqueteos)
Sin embargo, el presidente colombiano parece contar con un entorno institucional favorable dentro de dicho segmento del legislativo, entidad encargada de tramitar las denuncias contra el jefe de Estado.
Uno de los principales arquitectos de este escenario es Jairo Corzo, actual secretario general de la Comisión, cuyas conexiones y maniobras políticas han sido clave en el manejo de investigaciones que involucran al mandatario.
Corzo, abogado santandereano, cuenta con un reconocido historial cercano al sector progresista y fue una figura activa en la consolidación del Pacto Histórico. Incluso recibió elogios públicos de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien está involucrado en sonado escándalo de corrupción.
Su llegada a la Secretaría General no fue fortuita: contó con el respaldo de figuras como David Racero, expresidente del Congreso, y logró imponerse frente a candidatos de peso.
La influencia de Corzo en la Comisión se evidencia en funciones clave: convoca sesiones, notifica investigaciones, administra información sensible y —según revelaciones de la revista— ha intervenido de forma decisiva en la designación de congresistas encargados de los procesos más delicados, favoreciendo indirectamente al presidente.
Uno de los casos más ilustrativos ocurrió cuando la Comisión inició indagaciones por las denuncias del exministro Wilson Ruiz y las cartas de Álvaro Leyva, las cuales apuntaban a presuntas irregularidades relacionadas con temas de salud en el gobierno.
Fue Corzo quien asignó la investigación a parlamentarios cercanos al gobierno, como Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico), Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde) y Karyme Cotes (Partido Liberal). Esta decisión provocó una fuerte molestia en el presidente de la Comisión, Leonardo Gallego, quien calificó su actuación como “abusiva”.
A pesar de que Gallego integró un nuevo equipo investigador con perfiles más independientes, como Carlos Cuenca (Cambio Radical), la capacidad de maniobra de Corzo en la gestión de información y nombramientos sigue siendo evidente.
Si bien la resolución de fondo recae exclusivamente en los congresistas, el rol de Corzo es determinante en las etapas preliminares. Según fuentes legislativas citadas por Semana, su manejo de las agrupaciones de denuncias, así como la canalización de los casos hacia representantes aliados como Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, ha sido decisivo. Todos ellos han manejado investigaciones sin avances concluyentes hasta el momento.
Además, Corzo posee antecedentes como abogado electoral del Pacto Histórico, destacándose por su participación en la recuperación de votos claves para ese movimiento en los comicios recientes.
Desde su posición en la Comisión de Acusación, Jairo Corzo desempeña un papel crucial en la protección política del presidente Petro, consolidándose como un actor silencioso pero estratégico dentro del Congreso.
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