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La Procuraduría la citó para que aclare sus intervenciones en el tramo II de la Ruta del Sol.
La exfuncionaria de la administración Santos se habría tenido que declarar impedida para intervenir como ministra de Transporte en el contrato de la ruta del Sol, en el tramo entre Ocaña, en Norte de Santander, y Gamarra, en el Cesar y el de la recuperación de la navegación del río Magdalena, a cargo de Navelena.
La entonces ministra habría firmado los Conpes 3817 de 2014 (“Importancia estratégica del proyecto vial autopista Ruta del Sol”) y 3758 de 2013 (Plan para establecer la navegabilidad del río Magdalena), presuntamente estando en conflicto de intereses, pese a haberse declarado impedida para actuar en temas relacionados con la Sociedad Portuaria de Cartagena y Buenaventura”,
señaló la Procuraduría a través de un comunicado de prensa.
Según la Procuraduría, la funcionaria que entonces se desempeñaba como ministra de Ambiente se habría tenido que declarar impedida para firmar esos dos documentos.
También la investiga por las autorizaciones para aumentar el valor de los peajes del tramo 2 de la ruta del Sol y la creación de dos peajes en la misma ruta.
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