Elecciones sin trampas: así se blindará la transparencia política y se vigilará a los funcionarios públicos

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una directriz detallando las restricciones impuestas a los servidores públicos para impedir la intervención inapropiada en la política. Según lo enunciado, queda estrictamente prohibido que los funcionarios utilicen sus cargos o los recursos del Estado para participar en campañas, actividades de partidos o controversias políticas. De acuerdo con la circular, acciones como presionar a subordinados o ciudadanos para apoyar causas o candidaturas, valerse de información reservada con fines electorales o destinar bienes públicos al proselitismo, constituyen faltas graves. Además, los servidores tampoco pueden difundir propaganda política, intervenir en debates partidistas antes, durante o después de su jornada laboral ni realizar aportes financieros a campañas o partidos —excepto en los casos específicamente permitidos para quienes integran corporaciones públicas—.

Como parte de una campaña nacional de sensibilización bajo el lema Paz Electoral, funcionarios de la Procuraduría, Registraduría Nacional del Estado Civil, Contraloría General de la República y las personerías departamentales y municipales coordinarán esfuerzos el 26 de febrero para transmitir este mensaje de respeto y transparencia electoral. Aproximadamente 10.500 integrantes del Ministerio Público estarán presentes todo el 8 de marzo, vigilando la pulcritud del proceso y garantizando la legitimidad de los comicios.

En marzo de 2025, la Procuraduría instituyó la Delegada con funciones mixtas para Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, supervisando y coordinando las actividades de observación y vigilancia de cara a las elecciones de 2026. Este equipo fue clave durante el lanzamiento el 9 de octubre de 2025 de la estrategia Paz Electoral, cuando representantes de diversos sectores dialogaron ininterrumpidamente acerca de la importancia de asegurar la libertad, transparencia y seguridad en los procesos democráticos para candidatos y votantes.

Como parte de la misma estrategia, la Procuraduría habilitó un sitio web destinado a informar a la ciudadanía sobre temas electorales y fomentar la pedagogía en torno a la democracia, centralizando recursos educativos y noticias relevantes. Esta plataforma se presenta como una herramienta clave para mantener a la población informada sobre sus derechos y responsabilidades durante la contienda electoral.

Un elemento destacado de Paz Electoral es la llamada Escalera de la Democracia, creada por el Procurador con carácter pedagógico. Este instrumento promueve una comprensión secuencial de los procesos democráticos, desde la existencia misma de elecciones hasta el respeto por los resultados, pasando por etapas fundamentales como la transparencia, seguridad, oportunidad y consciencia en la votación. Así busca sembrar una cultura de legalidad y confianza en el sistema electoral.

La estrategia contempla también la articulación con organismos estatales, Fuerzas Militares, Policía Nacional y la sociedad civil para enfrentar amenazas al proceso electoral y fortalecer la vigilancia en todos los puestos de votación del país. Estas acciones se acompañan de la conformación de un Grupo Élite de Reacción Inmediata, bajo la dirección del Procurador Gregorio Eljach, encargado de velar por el cumplimiento de las normas y el control frente a la indebida participación política. Este equipo de siete altos delegados coordina su intervención en los procesos de elección presidencial y parlamentaria, y mantendrá su labor hasta el cierre definitivo de la contienda electoral, incluyendo eventuales segundas vueltas.

En esencia, la estrategia Paz Electoral busca consolidar un entorno en el que la democracia sea protegida y respetada desde todos los sectores, asegurando que las autoridades y ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos políticos bajo condiciones justas y transparentes. Así, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso como garante de unas elecciones legítimas y de la participación ciudadana informada y libre de presiones indebidas.

¿Qué sucede si un servidor público incumple las prohibiciones en materia electoral?

El escenario electoral exige una vigilancia rigurosa del cumplimiento de las reglas por parte de los funcionarios estatales, quienes, de incurrir en faltas relacionadas con la indebida participación en política, pueden enfrentar consecuencias disciplinarias graves. La rigurosidad de este control busca conservar la integridad del proceso democrático y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electoreras.

De ahí la importancia del trabajo coordinado entre los diferentes organismos de control, pues la imposición de sanciones no solo tiene como finalidad sancionar el comportamiento individual, sino también enviar un mensaje claro a toda la función pública sobre la relevancia de actuar con imparcialidad, ética y respeto absoluto por las reglas que definen una competencia electoral justa.