Altos exfuncionarios y el ministro de Salud, a juicio por presuntas fallas en el nuevo modelo de salud docente

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sala Disciplinaria de Instrucción, ha decidido llamar a juicio disciplinario a un grupo de altos exfuncionarios y actuales servidores públicos, entre los que destacan los exministros Aurora Vega, Gloria Inés Ramírez, Ricardo Bonilla y el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Esta decisión se relaciona con una serie de presuntas irregularidades en el proceso de estructuración e implementación del nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), entidad encargada de velar por el bienestar del personal docente en Colombia.

Según la investigación llevada a cabo por la Procuraduría, se detectaron múltiples situaciones que habrían afectado la correcta prestación de los servicios de salud a los maestros. Entre las principales deficiencias señaladas se encuentra la tardía aprobación del manual para la contratación, retrasos en la vinculación de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y fallas en la negociación previa de tarifas para los distintos servicios médicos. Además, se permitió la prestación de servicios y la entrega de medicamentos sin las autorizaciones requeridas y bajo la modalidad de pago por evento a la tarifa SOAT plena, lo que podría elevar los costos injustificadamente. La falta de claridad respecto a la entidad responsable de los giros y auditorías, así como la formalización de acuerdos bajo parámetros genéricos que presuntamente no cumplían con los elementos y etapas exigidas en una negociación adecuada, también figuran entre los hechos investigados, según detalla el Ministerio Público.

Las pesquisas de la Procuraduría involucran a un extenso grupo de actores: miembros del Consejo Directivo de Fomag, la Fiduprevisora, cuya misión consiste en la administración fiduciaria de recursos públicos, y el propio Ministerio de Salud, señalado como asesor técnico clave en la transición al nuevo modelo. Conforme avanza el proceso disciplinario, los nombres de exfuncionarios como Aurora Vega (Educación), Gloria Inés Ramírez (Trabajo), Ricardo Bonilla (Hacienda), así como los representantes de Fecode, Georgina del Carmen Arroyo y Christian Rey, y los miembros de la Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo y Jhon Mauricio Marín, han sido mencionados como presuntos responsables de las fallas señaladas.

El estudio de las pruebas llevó a la Procuraduría a concluir que el Consejo Directivo del Fomag expidió un Acuerdo para la contratación de los servicios de salud sin garantizar las condiciones necesarias para llevar a cabo ese proceso, lo que habría impactado negativamente la oportunidad, eficiencia y continuidad en la atención médica de los docentes.

En su análisis, el órgano de control advierte sobre un presunto incumplimiento del deber de planeación por parte de las autoridades máximas de Fomag, la Fiduprevisora y el Ministerio de Salud, quienes tienen la responsabilidad de asegurar la adecuada transición del modelo desde el primero de mayo de 2024. De comprobarse las fallas señaladas, tanto los exfuncionarios durante el gobierno de Gustavo Petro como el actual ministro Jaramillo podrían enfrentar sanciones por su actuar en este proceso.

¿Qué es el Fomag y cuál es su función en el sector educativo colombiano?

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) es una entidad clave para el sector educativo en Colombia, ya que se ocupa de gestionar y administrar los recursos destinados a la seguridad social y prestaciones de los maestros. Las garantías en la salud y el bienestar de los educadores dependen en gran medida del correcto funcionamiento y la transparencia de los procesos liderados por el Fomag.

La relevancia de esta pregunta radica en que el caso investigado pone de relieve la importancia del Fomag, no solo para la protección de los derechos de los maestros, sino también para la calidad y continuidad de la educación pública. Cuando se presentan irregularidades en la administración de los recursos, el impacto trasciende a toda la comunidad educativa y puede afectar el ejercicio de derechos fundamentales como la salud y la educación.