Procuraduría investiga millonario contrato del DAPRE para defender a Petro y su círculo por Lista Clinton

La Procuraduría General de la Nación ha decidido abrir una indagación previa después de recibir una denuncia relacionada con un posible detrimento de recursos públicos. El origen del proceso investigativo radica en la contratación de la empresa internacional Amadeus Consultancy Limited por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). El objetivo del contrato era ofrecer servicios de asesoría en materia de sanciones financieras dirigidos a la defensa del presidente Gustavo Petro, su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes fueron incluidos en la Lista Clinton de Estados Unidos. Dicha lista es una medida adoptada por el gobierno estadounidense para identificar a personas y entidades vinculadas, presuntamente, a actividades ilegales, lo que puede ocasionar restricciones financieras y económicas para los afectados.

La denuncia fue presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda. Según información publicada por El Colombiano, Miranda señaló que se suscribió un contrato por 10.000 millones de pesos, suma que llamó especialmente la atención debido a que, según declaraciones iniciales del abogado Daniel Kovalik —representante legal involucrado—, la defensa jurídica sería gratuita. No obstante, la firma terminó recibiendo asignación presupuestal del Estado mediante un contrato que hasta el momento no cuenta con una explicación transparente sobre su necesidad, monto y procedimiento de suscripción. Miranda cuestionó si estos recursos fueron usados indebidamente para atender asuntos de carácter individual antes que institucionales.

La congresista expresó que la investigación debería determinar si se presentó un posible detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública o eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales como peculado o contratación irregular. De acuerdo con datos revisados por la Procuraduría y citados por El Colombiano, el DAPRE suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026 el 9 de enero de ese año, con la firma Amadeus Consultancy Limited, bajo la modalidad de contratación directa y por un período de ejecución hasta el 30 de abril de 2026. El valor del contrato, alrededor de 10.000 millones de pesos, sería financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Un aspecto que agudizó las dudas es que, pese a la alta cuantía y brevedad del plazo de ejecución, no se exigieron garantías de cumplimiento. Tampoco quedó clara la justificación técnica que requería la urgencia de este contrato ni por qué no se utilizaron capacidades o expertos nacionales. La Procuraduría subrayó la importancia de esclarecer si la contratación directa cumplía con las normas y principios como el de planeación, al tratarse de fondos públicos involucrados en una defensa jurídica que podría responder a intereses particulares.

Por ello, se ordenó iniciar la indagación previa para determinar posibles irregularidades en la firma del contrato y la utilización de recursos estatales. El Ministerio Público indicó que la investigación deberá identificar si existe algún responsable disciplinario en un plazo de seis meses.

¿Qué es el principio de planeación en la contratación pública?

El principio de planeación es un concepto fundamental en la contratación pública, donde se establece que todas las acciones y decisiones relacionadas con el gasto de fondos estatales deben estar sustentadas por un análisis previo, claras justificaciones y estrategias que aseguren la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. Según lo señalado en la gestión de este contrato por la Procuraduría, la ausencia de este principio pone en riesgo el cumplimiento de los fines del Estado.

La relevancia de este principio radica en prevenir decisiones improvisadas o innecesarias que puedan derivar en pérdidas patrimoniales, violaciones legales o el uso indebido de dineros públicos. En casos de alta cuantía y especial atención pública, el rigor en la planeación resulta clave para mitigar riesgos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.