Profesor de Manizales investigado por presuntos maltratos a estudiantes: Procuraduría abre proceso disciplinario

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Manizales inició una investigación disciplinaria contra un profesor, debido a la denuncia de presuntos comportamientos impropios hacia varios de sus alumnos. Según el boletín de prensa emitido por la entidad, se trata de posibles episodios de agresión tanto física como psicológica en el espacio escolar, lo que ha llevado a evaluar la gravedad y el impacto de estos hechos en la comunidad educativa. El caso, detallado en un informe oficial, subraya la gravedad de las acusaciones e involucra a menores de edad, por lo que la información relevante se ha tratado con la debida reserva para proteger su identidad y evitar situaciones de revictimización, tal como establece el Código de Infancia.

En particular, la Procuraduría expone que en el año 2022 se registró un evento en el cual el docente presuntamente agredió a uno de sus estudiantes, un menor de edad, lo que llevó a que este se viera obligado a abandonar el salón de clase en medio de sentimientos de temor y humillación frente a sus compañeros. Este hecho se ha considerado de suma importancia dentro del proceso, ya que pone en cuestión no solo el comportamiento del profesor en el aula, sino también las condiciones de seguridad emocional para los alumnos.

El organismo de control señala un segundo cargo en contra del educador, relacionado con actos de desprecio hacia un estudiante, la expulsión de otro alumno del aula, además de incurrir en conductas físicas consideradas inapropiadas, intimidación y amenazas a varios menores. Tales episodios, según la Procuraduría, habrían podido afectar significativamente la dignidad y las relaciones de los afectados con sus pares, configurando una situación con implicaciones disciplinarias graves.

Por respeto al proceso legal y en prevención de cualquier revictimización, el medio informativo LA PATRIA decidió no revelar el nombre del profesor ni de la institución educativa donde ocurrieron los hechos. Se hace énfasis en que la etapa procesal apenas comienza, lo que demanda una especial cautela en el manejo público de la información y un firme compromiso con la protección de los derechos de la infancia.

El Ministerio Público recuerda que los educadores tienen la obligación indelegable de velar por la integridad y los derechos de los menores bajo su custodia. Según la entidad, omitir este deber o actuar en su contra implica una vulneración del principio de moralidad exigido en la función pública. Por tal motivo, la Procuraduría ha calificado de forma provisional las conductas atribuidas como faltas disciplinarias gravísimas, cometidas a título de dolo, lo que podría acarrear consecuencia severas en caso de confirmarse las acusaciones a lo largo del proceso.

¿Por qué es importante proteger la identidad de las partes involucradas en casos que afectan a menores?

La reserva y el cuidado en el tratamiento de la información relacionada con menores implicados en situaciones disciplinarias o judiciales responden a mandatos legales y éticos. En Colombia, el Código de Infancia protege de forma estricta la identidad y los derechos de los menores para evitar su exposición a daños adicionales causados por la divulgación pública de sus casos.

Preservar la confidencialidad en este tipo de procesos ayuda a prevenir la revictimización y el estigma social, factores que pueden afectar a los niños y adolescentes mucho más allá del núcleo escolar. Además, garantiza que la atención institucional y el debate público se enfoquen en los hechos y medidas necesarias para restablecer derechos, antes que en las personas implicadas, quienes merecen un trato respetuoso y justo mientras se esclarecen los hechos.