Destituyen e inhabilitan a exedil de Cali por doble salario: caso expone conflicto de intereses y ética pública

El 23 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación tomó una decisión significativa en el contexto político-administrativo de Cali al sancionar con destitución e inhabilidad general por ocho años a Walter Antonio Bustamante Minotta, exedil de la Junta Administradora Local de la Comuna 9. Esta medida disciplinaria, comunicada de manera oficial por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali, marcó la culminación de un proceso investigativo que abordó posibles faltas cometidas durante su periodo de gestión entre los años 2020 y 2023. La sanción se fundamenta en la suscripción de un negocio jurídico considerado ajeno a las funciones propias del cargo por el que fue electo.

El origen de la falta disciplinaria reside en la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito por Bustamante Minotta, para apoyar la gestión distrital en la Secretaría de Infraestructura. Este convenio establecía un periodo de ejecución entre el 3 de agosto y el 31 de diciembre de 2023. La Procuraduría aclaró que el exedil no consideró la incompatibilidad existente entre el desempeño de funciones públicas y la percepción de dos salarios provenientes del erario, es decir, del mismo presupuesto público. De acuerdo con la Procuraduría General, esta omisión representa la infracción a una incompatibilidad legal destinada a evitar conflictos de interés y el uso indebido de los recursos del Estado.

Este caso pone en evidencia la importancia de los principios éticos y legales que rigen la conducta de los funcionarios públicos en Colombia. El Ministerio Público fue enfático al señalar que la actuación de Bustamante Minotta no solo significó una falta al marco normativo, sino también una vulneración al principio de moralidad e imparcialidad en la gestión pública. La confianza de la comunidad en las personas que administran los recursos públicos es un pilar fundamental para la institucionalidad, y actos como el imputado se consideran graves debido a la intencionalidad con la que se llevan a cabo.

La Procuraduría calificó la conducta del exedil como gravísima y la atribuyó a título de dolo, es decir, que existió voluntad consciente de incurrir en la falta. Este tipo de sanciones busca sentar precedentes y reforzar la vigilancia sobre la integridad de quienes ocupan cargos públicos, subrayando el deber de ajustar su proceder a normas que exigen tanto legalidad como ética. El proceso disciplinario se encuentra en una fase inicial, correspondiente a un fallo de primera instancia, lo que indica que aún podrían presentarse recursos legales por parte del sancionado.

Las decisiones como la adoptada por la Procuraduría no solo afectan el ámbito individual sino que también transmiten un mensaje claro acerca de la vigilancia institucional y el compromiso con la buena administración de los recursos públicos en Colombia.

¿Por qué es importante el principio de imparcialidad en la administración pública?

El principio de imparcialidad es uno de los fundamentos esenciales en la administración pública. Consiste en que los funcionarios actúen sin influencias personales, intereses particulares o favoritismos, garantizando así que las decisiones y acciones se orienten exclusivamente al interés general. Cuando este principio se vulnera, la confianza ciudadana en las instituciones disminuye y se abre la puerta a posibles actos de corrupción y abuso de poder.

En el contexto colombiano, la exigencia de imparcialidad tiene el propósito de asegurar que toda gestión pública se oriente conforme a la ley, la ética y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. El desconocimiento de este principio, como lo señaló la Procuraduría en el caso de Bustamante Minotta, constituye una de las faltas más graves al quebrantar la base de la relación de confianza entre la ciudadanía y el Estado.