Capitán acusado de violar a teniente no debería estar libre, critica la Procuraduría

El Ministerio Público considera que la forma en que se ha llevado al caso, que se registró la noche de Navidad, solo ha logrado una revictimización de la mujer.

El ente de control recalcó que la denunciante primero debió hacer público el hecho para que el proceso avanzara y ahora tendrá que enfrentar que el capitán Eduardo Andrés Merchán Prieto, sindicado de su agresión, permanezca en libertad.

La Procuraduría señala que es un error darle el beneficio de la detención domiciliaria del agente de la Policía por los hechos ocurridos la madrugada del 24 de noviembre, en el Comando del Departamento de Policía Cesar, durante la fiesta de fin de año de la institución.

El oficial debería estar recluido en un centro carcelario porque representa un peligro para la víctima por la profesión y grado de autoridad que ostenta. Además, puede obstruir la justicia, porque su condición de capitán le permitiría manipular testigos y dificultar la realización de diligencias o el recaudo de pruebas por parte de funcionarios, señaló la entidad.

Pese a que el capitán Merchán Prieto no aceptó cargos, debió ser recluido en una cárcel porque en el momento del ataque, la teniente estaba en estado de indefensión recuperándose de una operación de rodilla. Cabe recordar que la agresión fue certificada por Medicina Legal, con una incapacidad por 15 días y también recomendó una valoración por sicología forense.

El Ministerio Público también criticó que la Fiscalía no apelara la libertad otorgada por el juez y dejara a los representantes de la víctima imposibilitados legalmente para apelar y solicitar la reclusión en centro penitenciario del capitán.

Por otro lado, el proceso disciplinario contra Merchán Prieto avanza. En esta investigación se tendrá en cuenta un informe detallado sobre la actuación adelantada por el comandante y el subcomandante de policía departamental del Cesar, una vez conocida la denuncia hecha por la teniente, el mismo 24 de noviembre.

De esta forma se busca identificar las fallas y los responsables por la demora en el trámite de la denuncia y la toma de eventuales medidas frente al oficial sindicado de la violación.