Dentro de las acciones de la Procuraduría para establecer responsabilidades por el uso indebido de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ese organismo llevó a cabo tres inspecciones a oficinas del Gobierno Nacional y administraciones locales.

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El caso puntual está relacionado con una caravana de la UNP interceptada la semana pasada en vías de Antioquia por el Ejército Nacional, en la que se movilizaban varios disidentes armados, algunos de los cuales con órdenes de captura vigentes.

Inicialmente, el ente de control disciplinario se desplazó hasta el municipio de Bello, Antioquia, a la Unidad Militar, en donde recaudó y practicó las pruebas pertinentes, conducentes y útiles que aporten a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la retención y posterior requisa de las camionetas de la UNP involucradas en los hechos ocurridos el 23 de julio 2024.

Así mismo, el equipo forense de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, practicó la diligencia disciplinaria en la Oficina del Alta Consejería para la Paz, en donde obtuvo, entre otros documentos y testimonios, las resoluciones mediante las cuales se otorgó a los miembros del grupo armado Estado Mayor Central que se desplazaban en la caravana, el papel como negociadores o facilitadores en el proceso de paz con el grupo insurgente.

¿Qué evidencias encontró la Procuradora sobre uso indebido de camionetas de la UNP?

La tercera inspección se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP); allí, el Ministerio Público recopiló manuales de funciones, protocolos de seguridad de los funcionarios que conformaban el esquema de seguridad de las personas que se transportaban en las camionetas.

Además, se allegaron los manuales, protocolos y resoluciones que regulen la protección de personas en el marco del cese al fuego en el proceso de negociación entre el Gobierno y el Estado Mayor Central, así como los que regulen los esquemas colectivos de protección implementados por la UNP.

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“Luego de analizar la información recolectada durante las prácticas, se identificarán las posibles faltas disciplinarias y los servidores públicos que pudieron proceder de manera irregular en estos hechos”, advirtió el organismo.