Habrá indagaciones en 7 CAR en el país porque serían nuevos focos de corrupción

Nación
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Las Corporaciones Autónomas Regionales estarían cometiendo irregularidades administrativas, ambientales, contractuales y financieras, según la Procuraduría.

Las entidades investigadas serán la de Cundinamarca, del Valle del Cauca, del Cauca, de Risaralda,  Corporcesar, Corpamag (Magdalena), y Cortolima, anunció el Ministerio Público.

Después del anuncio del Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, el procurador, Fernando Carrillo, señaló:

“Yo creo que si el país es serio en la lucha contra la corrupción tiene que reformar las Corporaciones Autónomas Regionales”.

Ese grupo también asumió la competencia de la indagación contra servidores de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge, relacionada con el otorgamiento de la licencia ambiental para la construcción de Puerto Carbonero en el municipio de San Antero, Córdoba.

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En el caso de la CAR – Cundinamarca, la Procuraduría busca determinar la existencia de posibles irregularidades en la construcción de las plantas de tratamiento (PTAR) de los municipios de Facatativá, Madrid, Sesquilé y Apulo.

En Corpocesar se indaga por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la compra de predios de propiedad del resguardo Arhuaco.

En Corpamag, la indagación tiene que ver con la presunta ocupación por parte de la corporación de bienes de uso público en Pozos Colorados -Santa Marta, y supuestas irregularidades financieras.

En la del Valle del Cauca el proceso tendría relación con eventuales fallas en la inversión de recursos, mientras que los casos de la Corporación Regional del Cauca (CRC) y Cortolima, la Procuraduría indaga presuntas inconsistencias en el cobro de la tasa retributiva y la prescripción de la acción de cobro por daño ambiental.

En Risaralda se indaga si funcionarios de Carden, en Risaralda, habrían incurrido en irregularidades en la construcción y estabilización de taludes y obras de control de cauce en varios sectores de Pereira y Dosquebradas.

El órgano de control decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar a los autores y su grado de responsabilidad.

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