Procuraduría investiga muertes de menores en operativos militares: ¿se respetó el Derecho Humanitario?

La Procuraduría General de la Nación ha emprendido cinco indagaciones preliminares tras la muerte de al menos quince menores de edad durante operaciones militares recientes contra grupos armados ilegales en el territorio nacional, según informó el organismo. Esta medida busca esclarecer la conducta asumida por los servidores públicos implicados y si estos observaron las directrices prescritas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) durante la planeación y el desarrollo de los operativos.

De acuerdo con datos de la entidad, ya se ha acopiado información preliminar relativa a la forma en que se diseñaron y ejecutaron estos procedimientos en distintas zonas afectadas. El propósito central de la investigación es determinar si las Fuerzas Armadas que participaron en las operaciones observaron los principios de precaución, humanidad y proporcionalidad, considerados pilares fundamentales del accionar militar cuando se enfrenta a estructuras armadas que involucran a población protegida, como niños, niñas y adolescentes.

La Procuraduría insistió en que el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos armados constituye un crimen internacional que el Estado colombiano, conforme a la normativa vigente, tiene la obligación de prevenir y sancionar. Este compromiso persiste incluso cuando los menores están siendo empleados deliberadamente por actores armados para incrementar el riesgo operacional ante la acción de la fuerza pública.

Según lo explicado por el organismo de control, el Derecho Internacional Humanitario permite actuar contra objetivos conformados por combatientes, aún en presencia de menores reclutados por los mismos, pero exige una evaluación individualizada de la proporcionalidad en cada intervención armada. La revisión incluye el análisis de inteligencia previa, la verificación de la presencia de menores y la consideración de alternativas para minimizar daños.

En el caso particular de los bombardeos, la Procuraduría ha requerido a las autoridades militares una descripción minuciosa de los parámetros bajo los cuales se realizaron los operativos, junto con los soportes técnicos, el criterio empleado para la selección de los blancos y los procedimientos adoptados para el manejo de explosivos en áreas habitadas por población en condiciones de vulnerabilidad.

Para robustecer el proceso investigativo, una comisión especializada se desplazaría hasta los lugares en los que ocurrieron los hechos, donde captará testimonios de las comunidades, reportes militares, material técnico y demás evidencias útiles para reconstruir cronológicamente lo sucedido. Además, se verificará si fueron activados los protocolos destinados a la atención humanitaria, el tratamiento de bajas y la coordinación interinstitucional con entidades civiles responsables.

El objetivo de la Procuraduría es establecer eventuales responsabilidades individuales, asegurando que las actuaciones de la fuerza pública se ajusten a los estándares legales y éticos determinados por la jurisdicción nacional e internacional. La entidad ha reafirmado su compromiso con la protección de los menores y la estricta observancia del Derecho Internacional Humanitario, garantizando la transparencia, la objetividad y el respeto al debido proceso en todas las etapas de la investigación.

¿Qué implica el principio de proporcionalidad en el Derecho Internacional Humanitario?

La relevancia de esta pregunta radica en que el principio de proporcionalidad es uno de los pilares del Derecho Internacional Humanitario, citado repetidamente durante la investigación iniciada por la Procuraduría General de la Nación. Este principio exige que la respuesta militar en situaciones de conflicto esté sujeta a que los daños ocasionados no superen la ventaja militar anticipada, especialmente cuando están en riesgo personas protegidas como menores de edad.

Conocer el alcance y las implicaciones de este principio ayuda a entender por qué cada operación militar debe ser evaluada de manera estricta, asegurando así la protección de la niñez y la legitimidad de las acciones emprendidas por las fuerzas estatales en contextos de conflicto armado interno.