Contratos en Procuraduría están bajo observación: esta vez, los de la sede de Valledupar

La Procuraduría Provincial de Valledupar tiene dentro de sus competencias llevar los procesos disciplinarios de los municipios Agustín Codazzi, La Jagua Ibirico, Becerril, Manaure, Bosconia, La Paz, Chiriguaná, San Diego, Curumaní, Pueblo Bello, El Copey, La Jagua del Pilar, La Guajira, El Paso y Manaure, la mayoría de poblaciones ubicadas en el departamento del Cesar, y una corta injerencia en municipios del sur de La Guajira.

Así lo demuestran varios movimientos contractuales de la actual procuradora provincial.

Dina Margarita Zabaleta Molina, la procuradora de Valledupar, tiene contrataciones con varios municipios, de los cuales ella misma es la encargada de realizar las indagaciones preliminares sobre las quejas que surjan en contra de los mandatarios y funcionarios de estas alcaldías.

En el año 2020 la actual procuradora provincial de Valledupar, recibió un contrato por 21 millones de pesos en el municipio de Pueblo Bello, durante la administración del alcalde Danilo Duque Barón, municipio el cual está bajo la jurisdicción de la procuraduría provincial de la capital del Cesar.

El contrato que conoció La Unidad Investigativa de El Periódico, es el N. 007 de 2020 cuyo objeto es “prestación de servicios profesionales de un abogado especializado para el acompañamiento en el desarrollo de programas de titulación y legalización de predios de acuerdo a lo establecido en la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997”, tuvo una duración de cinco meses y finalizó en el mes de junio del mismo año.

En mayo de 2021, es decir, 11 meses después fue nombrada en la Procuraduría Provincial, el contrato del municipio de Pueblo Bello no tendría relevancia y pasaría de agache como pasaron los dos contratos que tuvo en Fonvisocial en Valledupar en el año 2019, sino fuera por los dos procesos que les tiene abiertos la procuradora Dina Margarita Zabaleta Molina, en contra del concejo municipal de Pueblo Bello, que se ha mantenido en su mayoría en oposición al gobierno de Danilo Duque Barón.

El primer proceso que adelantó la Procuraduría Provincial de Valledupar fue, “solicitud de control preventivo sobre las actuaciones del Concejo municipal de Pueblo Bello, Cesar, con el fin de que los corporados cumplan los deberes legales en el marco de sus atribuciones y funciones constitucionales y que en el trámite de los proyectos de acuerdo no utilicen figuras ni procedimientos dilatorias”.

Este aparece con fecha del 23 de agosto de 2021, esto ocurrió meses después de que los concejales de oposición le negaran un empréstito que buscaba realizar el alcalde al encontrar plagio en el proyecto de acuerdo que bajaron a la corporación para sustentar el endeudamiento del municipio.

Con esa misma fecha y prácticamente el mismo objeto aparece otra acción de la Procuraduría provincial, donde manifiesta adelantar acciones preventivas para que los concejales no dilataran la aprobación de los proyectos de acuerdo que el alcalde Danilo Duque radicaba en la corporación.

Mientras estos procesos se mueven con celeridad, la Procuraduría General De La Nación anunció en junio de 2020 la indagación preliminar en contra del alcalde, Danilo Duque Barón, por haber otorgado un millonario contrato a la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, por valor de 93,5 millones de pesos, cuando este fue uno de los aportantes de su campaña.

Aunque el órgano anunció la apertura del proceso, aún no aparece en el proceso de indagación preliminar, pese a haber pasado dos años desde que se dijo.

Cabe aclarar que, aunque esta queja disciplinaria en contra de Danilo Duque fue radicada en Bogotá, por competencia sería la excontratista de la alcaldía de Pueblo Bello, Dina Margarita Zabaleta, hoy procuradora provincial, la que tendría que realizar todo el proceso de indagación a su exjefe y determinar si existen méritos para la apertura del proceso.