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Se trata de 17 entidades del sector y varios de sus funcionarios en todo el país los que enfrentarán un proceso disciplinario en el órgano de control.
En los últimos días, el procurador Fernando Carrillo advirtió que ese alarmante número de pruebas estaban represadas y sus resultados no han sido entregados a los usuarios, pese a que en algunos casos superan los 30 días de haberse tomado.
El Ministerio Público abrirá el proceso a los representantes legales de las EPS por esa situación y por presuntas irregularidades en el proceso de toma y embalaje de muestras PCR para diagnóstico del virus del COVID-19. Esa decisión cobija a:
Nueva EPS, Mutual Ser EPS, Comfamiliar Nariño, Emmsanar , Salud Total, Coomeva, Medimás, Famisanar, Comfacundi, Ambuq EPS, Comparta EPS, Compensar EPS, Sanitas, Dirección de Sanidad Militar, Cajacopi, Asmet Salud EPS, Mallamás.
Así mismo, a funcionarios por establecer de las secretarías de salud de 18 departamentos, 4 distritos y 88 municipios.
A nivel departamental el atraso en la entrega de resultados es de 50.473, siendo Antioquia, con 21.130, el que más pruebas pendientes tiene. En los municipios ese número es de 5.775 y en los distritos de 17.792, para un total de 70.522.
Como parte de una acción preventiva de vigilancia y seguimiento, la Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente remitió a la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría General de la República copia del informe que identifica las presuntas irregularidades, para que se evalúe el inicio de las acciones que se determine en cada caso.
Así mismo, la Procuraduría le pidió a la Supersalud verificar que los laboratorios públicos y privados avalados para el procesamiento de muestras cumplen con sus compromisos, especialmente frente a sus obligaciones en términos de oportunidad y calidad, y en caso contrario iniciar las acciones administrativas que sean de su competencia.
La PGN ordenó a los procuradores distritales, regionales y provinciales verificar en las secretarías de salud de sus jurisdicciones, la implementación de mecanismos de control que permitan hacer seguimiento a los tiempos en la toma de muestras y entregas de resultados por parte de las administradoras de planes de beneficios.
Desde el 25 de marzo, 13 días después de que fuera declarada la Emergencia Sanitaria por el coronavirus, la PGN alertó sobre errores en el rotulado, embalaje y traslado de las muestras.
Tras una visita al Instituto Nacional de Salud,el domingo 22 de marzo, evidenció incumplimiento por parte de las Entidades Territoriales de Salud con embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplían con los requisitos para continuar con el proceso.
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