Concesiones a grupos criminales y auge del narcotráfico bajo el gobierno de Gustavo Petro en Colombia

Durante el mandato de Gustavo Petro en Colombia, múltiples decisiones y acciones de su gobierno han sido señaladas por la prensa y la sociedad como una serie de concesiones y privilegios otorgados a grupos criminales, especialmente en el contexto de su propuesta de “paz total”. De acuerdo con las investigaciones reveladas por medios como Noticias Caracol y fuentes oficiales, desde el inicio del periodo presidencial se evidenció una actitud flexible hacia agrupaciones como el Clan del Golfo, que recibieron ofertas que incluían cese de operaciones militares, suspensión de extradiciones y hasta depuración de inteligencia policial, a cambio de su participación en los diálogos de paz. Un ejemplo concreto fue la reunión en septiembre de 2022 entre el entonces alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y el vocero del Clan, en la que se ofrecieron estos beneficios.

Las consecuencias de estas políticas no tardaron en manifestarse. Regiones como Catatumbo, Norte de Antioquia, Guaviare y Cauca vieron un aumento en la conflictividad, la producción de narcóticos y la actividad terrorista, mientras la Fuerza Pública redujo su accionar ofensivo por órdenes directas de la presidencia. Así lo reporta la Fiscalía, señalando que muchas operaciones previstas quedaron estancadas, favoreciendo el establecimiento territorial de grupos armados ilegales. Además, en 2022 y años posteriores, se suspendieron bombardeos y extradiciones de cabecillas, mientras que las negociaciones con más de una docena de agrupaciones ilegales nunca concluyeron en desarme o reparación a víctimas.

Según datos del Ministerio de Defensa, la erradicación de cultivos de coca disminuyó de manera drástica; pasó de 68.893 hectáreas erradicadas en 2022 a 8.051 en 2025, lo que se tradujo en una bonanza histórica de producción y exportación de cocaína, confirmada por el monitoreo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que registró un salto significativo en hectáreas cultivadas y producción potencial. La intención de descriminalizar al campesino derivó, en la práctica, en una aumento de la siembra y el tráfico, favoreciendo a las mafias.

Otras polémicas incluyeron la destitución masiva de oficiales de la Fuerza Pública, recortes presupuestales al sector defensa y casos de funcionarios involucrados o implicados en filtraciones de información a criminales, como sucedió con el general Miguel Huertas y el director de inteligencia Wilmar Mejía. De igual forma, la gestión de la agencia estatal de inteligencia se orientó hacia otros intereses, descuidando la lucha contra el crimen transnacional, lo que facilitó la proliferación de mafias extranjeras.

La combinación de estos factores fue interpretada como un empoderamiento de los jefes mafiosos, en paralelo a incidentes como el “Pacto de La Picota” y la participación cuestionada en actos públicos de líderes criminales en Medellín. Todo este panorama ha dejado investigaciones abiertas en organismos como la Procuraduría y la Fiscalía, aunque sin resultados notorios a la fecha.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales privilegios ofrecidos al Clan del Golfo durante el gobierno de Gustavo Petro?

De acuerdo con los reportes de Noticias Caracol y revelaciones oficiales, el Clan del Golfo recibió propuestas que incluían el cese de bombardeos y operaciones militares, la suspensión temporal de extradiciones y la depuración de la inteligencia policial, todo a cambio de que este grupo se sumara a la política de “paz total”. Estas ofertas fueron hechas en reuniones directamente gestionadas por el comisionado de paz al inicio del mandato, marcando un giro frente al tratamiento histórico hacia estas organizaciones.

¿Qué impacto tuvo la reducción de la erradicación de cultivos de coca en la producción de cocaína en Colombia?

La política de Gustavo Petro de disminuir la erradicación forzosa de cultivos de coca, con el argumento de descriminalizar al campesino, resultó en un incremento histórico del área cultivada y de la producción potencial de cocaína. Según el Ministerio de Defensa y la ONU, se pasó de erradicar cerca de 69.000 hectáreas en 2022 a poco más de 8.000 en 2025, lo que permitió que la producción anual aumentara exponencialmente, beneficiando a las mafias y empeorando el problema del narcotráfico en el país.