“Que no recluten tus sueños”: Así lucha el Quindío para proteger a sus niños del reclutamiento forzado

El departamento del Quindío se encuentra hoy en el foco de una iniciativa crucial para proteger el futuro de la infancia frente a la amenaza del reclutamiento forzado. Bajo la orientación del Ministerio de Defensa Nacional, instituciones claves como la Octava Brigada del Ejército Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Quindío, la Defensoría del Pueblo departamental y la Policía de Infancia y Adolescencia se han unido en la campaña ‘Que no recluten tus sueños’. Este esfuerzo coordinado pretende asegurar los derechos y la integridad de niños, niñas y adolescentes, quienes enfrentan el grave riesgo de ser captados tanto por grupos armados organizados como por estructuras de delincuencia común.

El lanzamiento de la campaña se realizó en el auditorio del Café, donde voceros de cada entidad participaron en la socialización de acciones desarrolladas para salvaguardar a los menores. El teniente coronel Eliécer Suárez Sánchez, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Octava Brigada, expuso el balance y la misión en la región del Eje Cafetero, conformada por Caldas, Quindío y Risaralda. Resaltó que las operaciones de estabilidad han llevado a la recuperación de 21 menores durante 2025, quienes estuvieron en manos de bandas criminales y grupos armados.

Los registros en el departamento revelan la complejidad de las amenazas. Mientras que un menor fue captado por el Frente Cacique Calarcá del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y otro por el Bloque Central Isaías Pardo, la mayoría –19 menores– resultaron instrumentalizados por bandas delincuenciales para actividades ilícitas. Además, algunos niños actuaban como correos humanos en rutas de tráfico de alucinógenos, lo que demuestra que el fenómeno abarca diversas formas de explotación ligada al conflicto y al crimen organizado.

Frente a este escenario, el Ejército Nacional remite a los menores recuperados al ICBF, entidad rectora de la protección infantil. Según explicó la directora regional encargada, Alexandra Candelo Zapata, en Quindío se ha fortalecido la atención integral para estos niños, articulando apoyo psicológico, nutricional y social, e incluyendo estrategias para mantener los vínculos familiares siempre que sea seguro para los infantes.

La Policía Nacional, por su parte, consolida esfuerzos preventivos y de control mediante el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Bajo la guía del intendente Jorge Restrepo Mosquera, esta unidad llega a colegios, espacios de recreación y zonas públicas para sensibilizar sobre los riesgos del reclutamiento y orientar a la ciudadanía en cómo actuar frente a posibles casos. El cumplimiento de la Ley 1098 (Código de Infancia y Adolescencia) y el trabajo mancomunado con otras instancias estatales refuerzan la respuesta institucional.

El papel de la ciudadanía es imprescindible. Las autoridades han dispuesto canales de denuncia, entre ellos la Línea 107 contra el terrorismo, el 123 de la Policía y la 141 del ICBF, todos activos las 24 horas. La meta es restaurar el derecho de los niños a una vida digna, libre de los embates de una guerra que, como recalcan los funcionarios, no les pertenece.

¿Qué medidas de prevención pueden tomar las familias en el Quindío para proteger a sus hijos del reclutamiento forzado?

La inquietud por cómo las familias pueden actuar en el ámbito doméstico y social para prevenir el reclutamiento forzado de menores resulta fundamental ante el contexto presentado. Las rutas institucionales iniciadas a partir de la denuncia y el trabajo articulado del Estado son necesarias, pero la labor preventiva en el seno familiar y comunitario puede marcar la diferencia a la hora de reducir vulnerabilidades.

El conocimiento de los riesgos, la comunicación constante entre padres e hijos y la participación activa en las campañas de sensibilización implementadas por el Ejército, la Policía y el ICBF fortalecen el entorno seguro para la infancia. Dar herramientas emocionales y educativas a los menores, así como reconocer signos de peligro o captación, se convierte en el primer eslabón para frenar una problemática cuyo impacto afecta profundamente el tejido social del Quindío.