¿Control político o riesgo a la seguridad? La polémica por las peticiones de la senadora Zuleta a la Policía

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, interpuso una queja disciplinaria formal ante la Procuraduría General de la Nación contra la senadora Isabel Zuleta, perteneciente al movimiento político Pacto Histórico. La acción emprendida por De Bedout se fundamenta en una presunta extralimitación de funciones e incursión ilegítima del poder legislativo en asuntos de seguridad del Estado por parte de la parlamentaria, según se desprende de una investigación publicada por la revista Semana. En dicho informe, se revela que Zuleta habría solicitado a la Policía Nacional información reservada sobre operativos contra la minería ilegal en Antioquia y Caldas, incluidos detalles considerados sensibles por las autoridades.

De acuerdo con el documento radicado, De Bedout pidió la apertura de una indagación previa y la suspensión provisional de la senadora, argumentando que sus actuaciones pudieron poner en riesgo tanto la vida de los uniformados que ejecutan dichas labores como la eficacia de las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública. En sus declaraciones públicas recogidas en su cuenta de X, el presidente del Concejo señaló que las presiones de Zuleta provocaron la paralización de acciones tácticas y la posible filtración de movimientos en sectores estratégicos, como el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con la información de Semana, la senadora realizó, a través de un derecho de petición fechado el 3 de octubre de 2025, al menos once solicitudes formales a la Policía. El requerimiento giró en torno a 25 operativos ejecutados en municipios de Antioquia y en Marmato, Caldas. En sus preguntas, Zuleta pidió acceder a informes, copias de registros audiovisuales, coordenadas GPS de los procedimientos, fuentes de inteligencia y la identificación nominal y los rangos de los agentes involucrados en la operación. Según el medio, estas peticiones generaron inquietud en un grupo de oficiales, pues varias acciones en las zonas mencionadas estarían vinculadas a la lucha contra grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), lideradas por alias Calarcá.

La publicación también destacó que, internamente, algunos miembros de la Policía interpretaron los requerimientos de la congresista como posibles actos de intimidación, lo que habría conducido a dificultades en la ejecución de operativos y temor frente a la eventual filtración de información estratégica, un aspecto particularmente delicado en regiones donde operan estructuras criminales.

Ante las denuncias, Isabel Zuleta defendió enfáticamente sus acciones en su cuenta de X, señalando que realizó el derecho de petición en calidad de coordinadora de la Comisión accidental para la revisión y seguimiento a la política minera. Aclaró que sus solicitudes se enmarcan en el control político parlamentario y en la defensa de la formalización minera, alegando además que exigir la identificación de los funcionarios policiales responde a la necesidad de garantizar el debido proceso y la posibilidad de denunciar eventuales excesos de la Fuerza Pública durante los operativos. Según Zuleta, dificultar la identificación de los responsables en los procedimientos policiales complica la documentación y denuncia de posibles abusos.

El caso plantea un debate sobre los límites entre el control político ejercido por el Congreso colombiano y las prerrogativas de reserva legal que resguardan las operaciones de seguridad del Estado. Finalmente, la Procuraduría General de la Nación deberá determinar si las solicitudes de Zuleta constituyeron una extralimitación de sus funciones legislativas o si, por el contrario, estuvieron dentro del margen que la ley confiere a los parlamentarios en sus labores de veeduría y control.

¿Qué implica la reserva legal en operaciones de seguridad del Estado?

El concepto de reserva legal es fundamental cuando se trata de información sobre operaciones de seguridad del Estado. En Colombia, este principio establece que ciertos datos relacionados con inteligencia, identidad de agentes y planeación de operativos deben ser protegidos y solamente pueden ser compartidos en situaciones definidas por la ley. La reserva busca resguardar tanto la vida de los uniformados como la eficacia de las acciones de seguridad y la integridad de las investigaciones en curso.

Por ello, el caso que involucra a la senadora Zuleta y sus solicitudes a la Policía pone sobre la mesa la tensión entre el derecho al control político, propio del trabajo parlamentario, y la obligación institucional de salvaguardar información sensible. Definir hasta dónde puede llegar la solicitud de información sin vulnerar la reserva legal constituye un reto constante en la relación entre las ramas legislativa y ejecutiva en temas de orden público.