Sneyder Pinilla pide a la Corte Suprema frenar su traslado a La Picota: dice que su vida está en riesgo

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El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, solicitó a la Corte Suprema frenar su polémico traslado a La Picota por amenazas reales.

El entramado de corrupción que sacudió los cimientos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó un nuevo capítulo judicial marcado por la zozobra y la seguridad carcelaria. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad y testigo clave en las investigaciones contra una veintena de personas con presunta responsabilidad en el desfalco, elevó una solicitud urgente ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para frenar de manera inmediata su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá, una medida ordenada recientemente por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La controversia estalló luego de que el Inpec expidiera una resolución que revierte las condiciones de reclusión del exfuncionario, ordenando su traslado desde la guarnición militar donde permanece seguro hasta un establecimiento penitenciario ordinario. Sin embargo, en un escrito de nueve páginas presentado por su defensa, se advierte que esta decisión administrativa —adoptada el pasado martes 6 de octubre— pasa por alto de manera flagrante al menos dos decisiones judiciales previas emitidas en agosto de 2024 y abril de 2025, las cuales dispusieron expresamente su reclusión en una instalación militar debido al nivel extremo de amenaza que enfrenta por su condición de delator y colaborador activo de la justicia.

A las advertencias jurídicas se suma un pronunciamiento clave emitido por la Fiscalía General de la Nación en septiembre de este año. En su momento, una fiscal delegada ante la Corte Suprema solicitó formalmente evitar el traslado tanto de Pinilla como de Olmedo López, fundamentando que ambos representan piezas angulares e indispensables dentro del proceso penal, al haberse comprometido a entregar pruebas y declarar formalmente contra al menos veintitrés personas presuntamente involucradas en la red de corrupción institucional. Según el recurso legal, el Inpec no puede soslayar los mandatos de los jueces ni desatender las circunstancias particulares de riesgo, por lo que la nueva medida vulneraría el debido proceso y pondría en peligro sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal.

El documento presentado ante el alto tribunal hace un recuento detallado de los logros judiciales alcanzados gracias a la colaboración de Pinilla, entre los que se destacan órdenes de captura, medidas de aseguramiento, preacuerdos, condenas firmes, la pérdida de investidura del exsenador Iván Name y medidas cautelares de extinción de dominio sobre bienes que superan a diez personas y cinco empresas señaladas de participar en el desangre financiero de la UNGRD. Para su defensa, preservar un entorno de reclusión seguro es la única garantía para que el exsubdirector continúe cooperando sin temor a retaliaciones por parte de las redes criminales que continúan bajo la lupa judicial.

Ante este panorama, Pinilla le exigió a la Corte Suprema que promueva una coordinación interinstitucional urgente entre la Fiscalía, el Inpec y los despachos judiciales competentes. La petición busca no solo suspender la ejecución del traslado carcelario, sino también exigirle explicaciones formales al Inpec sobre los motivos de la decisión y alertar a los jueces ante los cuales el exfuncionario debe rendir sus próximas declaraciones sobre las graves amenazas que penden sobre su seguridad física.