¿Espionaje con Pegasus? Así responde Defensa a las graves denuncias de infiltración al ministro de Justicia

La controversia en torno a las presuntas infiltraciones ilegales en el teléfono celular del ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, volvió a encenderse tras la reciente respuesta del ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez. El Ministerio de Defensa, mediante un comunicado público, aseguró que ninguna de las entidades adscritas a su sector dispone ni emplea el software espía conocido como Pegasus, el cual está en el centro de las denuncias. Asimismo, la cartera defendió que no existe documento o autorización formal, ni instrucción relacionada con el uso de esta herramienta para actividades de inteligencia o contrainteligencia que haya sido emitida, firmada o avalada por la institución. Más aún, enfatizó que ningún acto administrativo o procedimiento de la entidad respalda acciones de este tipo, reforzando la postura oficial de desvinculación con las acusaciones presentadas.

En su declaración, el Ministerio también abordó el señalamiento directo al sargento viceprimero Darwin Ramírez, quien fue mencionado como posible ejecutor de órdenes de seguimiento provenientes del Ministerio de Defensa Nacional. De acuerdo con la cartera, Ramírez no pertenece al Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim) del Ejército, sino que, desde hace más de tres años, forma parte del Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa. En esta posición, su labor es colaborar en la coordinación de capacidades tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional para salvaguardar y proteger a quienes ocupan cargos en el Ministerio y pudieran estar en situación de riesgo.

Desde que se conocieron las denuncias formuladas por Idárraga, el Ministerio de Defensa informó que se estableció una coordinación institucional con organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, buscando esclarecer los hechos. Paralelamente, se convocó a una junta extraordinaria de Inteligencia Conjunta, a la que asistieron altos mandos militares y de policía, incluidos los jefes de inteligencia y contrainteligencia, con el fin de analizar la situación y coordinar posibles acciones y respuestas institucionales.

Las acusaciones de Idárraga se remontan al pasado martes 13 de enero, cuando aseguró públicamente haber sido víctima, junto con su familia, de espionaje ilegal entre agosto y noviembre de 2025 a través del software Pegasus. Según lo expuesto por él en redes sociales, un informe forense realizado en Estados Unidos reveló que su dispositivo fue intervenido durante al menos tres meses, periodo que coincidió con la realización de investigaciones internas por corrupción en el Ministerio de Defensa, donde Idárraga se desempeñó como secretario de Transparencia.

En sus declaraciones, Idárraga sugirió que la infiltración habría sido ordenada desde el propio Ministerio de Defensa, empleando recursos reservados y estructuras de contrainteligencia estatales —específicamente del Ejército— para vigilar sus diligencias investigativas. A través de una publicación en la red social X, el ministro encargado de Justicia indicó que, además de ser un atentado a su privacidad y la de su familia, la acción buscaba identificar las fuentes informativas que le permitían revelar posibles escándalos de corrupción en el sector Defensa. Por su parte, el Ministerio sostiene con firmeza que rechaza y no tolera la emisión de órdenes ilegales de seguimiento o interceptación.

¿En qué consiste el software espía Pegasus y por qué genera preocupación?

La inquietud en torno al software Pegasus deriva de su capacidad para infiltrarse en dispositivos móviles y recolectar información sin el conocimiento del usuario. En el caso colombiano, la denuncia sobre el posible uso de Pegasus para realizar seguimientos ilegales a funcionarios públicos ha encendido alertas respecto al respeto a la privacidad y los límites institucionales en materia de inteligencia. La preocupación principal radica en los posibles abusos que podrían vulnerar derechos fundamentales, lo que motiva la importancia de contar con mecanismos de control claros y efectivos. La discusión actual pone sobre la mesa el debate acerca de la transparencia en el uso de tecnologías de vigilancia y la necesidad de fortalecer las garantías de protección de datos así como de los derechos de quienes desempeñan funciones estatales sensibles.