Procuraduría formula pliego de cargos al exgobernador del Chocó y su gabinete por presunta mala gestión de recursos para educación indígena

El exgobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, junto a varios exintegrantes de su gabinete, enfrenta un proceso disciplinario tras la formulación de pliego de cargos que realizó la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo con la entidad de control, los exfuncionarios no habrían adoptado a tiempo las acciones necesarias para gestionar los recursos asignados a la educación indígena durante 2023, lo que generó consecuencias significativas para la región y las comunidades indígenas.

La decisión de la Procuraduría también recae sobre los exsecretarios de Educación y Hacienda, Pedro Fidel Hurtado Orejuela y Duyeyny Valencia Mosquera, respectivamente, así como sobre Jhon Jairo Mena Hurtado y Yilmar Elías Córdoba Perea, exlíderes de las áreas Administrativa, Financiera y de la Oficina de Cobertura. Asimismo, el pliego de cargos involucra a profesionales de áreas financieras, contractuales y administrativas, como Hary Elizabeth Cardona Cañadas, Neyfer Dealy Du Souza Córdoba Mosquera y Kely Johana Echeverry Ríos, todos con funciones esenciales en la administración para la época de los hechos, según confirmó la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público señaló que la administración habría permitido que expiraran “los términos legales establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para reportar para el aumento de cobertura de los alumnos indígenas en las plataformas oficiales y obtener así los recursos necesarios para financiar la demanda educativa”. Esta omisión habría impedido que el Gobierno Nacional asignara fondos adicionales destinados a cubrir un déficit de más de 30.000 millones de pesos colombianos (COP), lo que generó un desbalance presupuestal en el departamento del Chocó. Como consecuencia, se presentaron graves alteraciones del orden público entre las comunidades afectadas. La Procuraduría calificó, de manera provisional, la conducta de los investigados como falta gravísima por culpa gravísima.

Por otra parte, el 13 de noviembre de 2025, según la Fiscalía General de la Nación, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, relacionado con un contrato firmado el 26 de marzo de 2020, por 445 millones de pesos colombianos, para entregar 800 kits de ayuda humanitaria a víctimas del conflicto armado en el contexto de la pandemia del covid-19. La Fiscalía señaló que la contratación se realizó en contravía de la normatividad vigente y además fue adjudicada a una comercializadora de alimentos vinculada a una persona que habría financiado la campaña electoral de Ariel Palacios Calderón a la gobernación, durante la emergencia social y económica decretada por el gobierno nacional.

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¿Qué consecuencias tiene el pliego de cargos contra el exgobernador del Chocó y su gabinete?

El pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación contra el exgobernador del Chocó y varios exfuncionarios implica la apertura de un proceso disciplinario por la presunta omisión en la gestión de recursos para la educación indígena, lo cual habría generado un déficit significativo y alteraciones en las comunidades. La calificación provisional de falta gravísima podría llevar a sanciones administrativas y afectaciones en la trayectoria profesional de los investigados, de acuerdo con la información publicada por la Procuraduría y recopilada por El Espectador.

¿Por qué fue imputado Ariel Palacios Calderón por la Fiscalía General de la Nación?

La Fiscalía General de la Nación imputó a Ariel Palacios Calderón, exgobernador del Chocó, por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Esta imputación está relacionada con un contrato firmado durante la emergencia por el covid-19, en marzo de 2020, con el objetivo de entregar kits de ayuda humanitaria, el cual habría sido adjudicado en contravía de las normas vigentes a una comercializadora vinculada a su campaña electoral, según lo informado por el ente investigador y consignado por El Espectador.