Nueva formulación de cargos a exgobernador de Córdoba por 'cartel de la hemofilia'

La Procuraduría tomó la decisión por las presuntas irregularidades de Edwin Besaile en el pago de medicamentos suministrados, en 2015, a supuestos pacientes.

El pliego de cargos también se aplica a los execretarios de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán; de Hacienda, Boris Felipe Zapata Romero, y a la exdirectora Financiera con Funciones de Presupuesto, María Eugenia Ferreira Chaar, actual Secretaria de Hacienda, informó el Ministerio Público.

El ente de control reprochó a Besaile Fayad la presunta omisión en la vigilancia y control jerárquico de las funciones de su secretario de Desarrollo de la Salud.

Además, encontró que pese a que el 4 de mayo de 2016, la Contraloría General evidenció deficiencias en la prestación del servicio de salud; la Gobernación del departamento, al parecer, permitió o toleró el pago de más de 1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de La Sabana S.A.S.

Esos pagos se autorizaron para suministrar medicamentos no POS a 14 pacientes que supuestamente padecían hemofilia y/o von Willebrand, con lo que se incrementó injustificadamente el patrimonio de la IPS.

Entre tanto, a Pareja Alemán se le cuestionó porque habría ordenado ese pago sin hacer los controles efectivos, pese a conocer el documento de la Contraloría.

Para la Procuraduría, Ferreira Chaar y Zapata Romero presuntamente desconocieron sus deberes funcionales al expedir el registro presupuestal de compromisos y ordenar el pago a favor de la IPS, por un servicio supuestamente prestado en 2015 con recursos de 2016, y sin registrarlo en las cuentas.

La entidad calificó provisionalmente la presunta falta de los investigados como gravísima a título de culpa. Besaile también enfrenta procesos ante la Fiscalía y la Contraloría por estos hechos de corrupción.

Cabe recordar que en febrero de este año, el Ministerio Público ya había formulado cargos a Besaile, y a su predecesor, Alejandor Lyons, por ordenal el pago de unas terapias sin la existencia de un contrato. Meses después, en septiembre, la misma entidad los destituyó e inhabilitó por 10 años.