El plan que tendría Petro con las universidades públicas en su último año de Gobierno

El mandatario ha ubicado fichas para la aventura de la “constituyente universitaria”, que no es otra cosa que cambiar las reglas para elegir rectores.

Con el ocaso de su gobierno en el horizonte, el presidente Gustavo Petro está a la espera de si será “inolvidable” —como dijo en la preocupante entrevista que le dio al periodista Daniel Coronell—, al menos para las universidades públicas de Colombia, donde ha ubicado fichas con las que agitó en su momento la aventura de la “constituyente universitaria” y, así mismo, su “democratización”, que no es otra cosa que cambiar las reglas para elegir rectores. Así está la movida al cierre de 2025.

En una revisión que hizo EL COLOMBIANO de quienes están sentados en los consejos superiores universitarios (CSU), que son los máximos órganos de gobierno, encontró que en 11 de las 32 (el 34 %) instituciones de educación superior públicas, el Gobierno tiene como sus delegados a personas cuestionadas, militantes activos ideologizados de partidos políticos afines o impulsoras de la elección democrática de rectores.

Si bien ninguno de esos escenarios es ilegal, la tendencia marca que la Casa de Nariño tiene una agenda clara con las universidades públicas, en las que ha intervenido con el poder decisorio del Ministerio de Educación y en las que se ha enfrascado en disputas políticas y hasta internas.

Estas son la Industrial de Santander, la de Pamplona, la Distrital de Bogotá, la del Valle, la Popular del Cesar, la del Quindío, la Pedagógica, la Nacional, la del Cauca, la de Caldas y la de Antioquia. Le contamos los casos más sonados.

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Cambios en elección de rectores

Si hay algo con lo que Petro tiene una obsesión es con que “el pueblo” decida todo. Con las consultas populares —como amenazó en su momento para aprobar las reformas a la salud y laboral— o con elecciones directas de rectores, como mostró desde marzo de 2024. Ese mes, en medio del proceso de designación de rector en la Universidad Nacional, el Jefe de Estado insistió en que la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y egresados) fueran los que decidieron quién ocupaba ese cargo.

El recuento por las universidades arrojó que en tres los CSU, en lo corrido del gobierno Petro, han implementado cambios en ese sentido: se trata de las universidades Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José de Caldas e Industrial de Santander.

Actualmente, la elección del rector es un proceso en el que los miembros de los CSU tienen la última palabra, en la cual ese proceso de consulta no es vinculante, sino que se tienen en cuenta otros aspectos meritocráticos de los aspirantes.

En marzo, la Universidad Industrial de Santander (UIS) cambió sus estatutos internos para dar más peso a la consulta universitaria. La modificación que hicieron consiste en que solo los aspirantes que mínimo saquen el 10 % de los votos serán considerados; así mismo, que si uno de los candidatos obtiene una diferencia igual o superior al 20 %, ese resultado tendrá carácter vinculante, por lo cual el CSU tendrá que ratificar la designación del ganador en el cargo.

El delegado del presidente en ese Consejo es Nicolás Corso Salamanca: hombre cercano a Gustavo Petro desde que fue alcalde de Bogotá y quien, además, ejerce los cargos de gerente de la Central de Inversiones del Estado (CISA) y líder de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.

En sus redes, Corso replica publicaciones de la cadena estatal de medios públicos RTVC y opinó, el pasado 20 de diciembre, que “cuando la justicia se vuelve un instrumento politico (sic), la revolución se vuelve derecho”. De hecho, como encontró EL COLOMBIANO, es precisamente la Justicia colombiana la que le tiene abierto un proceso por presunta corrupción por hechos ocurridos en Metrovivienda en el tiempo que fue director durante la alcaldía de Petro en la capital. Esa entidad se encargaba de facilitar el acceso formal a la tierra y a las viviendas asequibles para la población más vulnerable.

El proceso está abierto desde 2020 y está en etapa de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Actualmente, el Tribunal Superior de Bogotá estudia en segunda instancia una solicitud de preclusión.

A mediados de agosto, el CSU de la Universidad Pedagógica modificó el procedimiento para designar al rector para “fortalecer la participación democrática de la comunidad universitaria”. Con esto, esa instancia deberá designar al candidato ganador de la consulta entre la comunidad universitaria. “Esta decisión se sustenta en la autonomía universitaria, y busca fomentar las prácticas democráticas, demostrando el compromiso con la participación pluralista”, expresó el Consejo tras ratificar el cambio.

La delegada de Petro en el CSU de esa institución es Linda Mayerly Cárdenas Ramírez, quien fue asesora de la Dirección General de la Unidad de Planeación Minero Energética en 2024 y es activista del Pacto Histórico. Hacía parte del Consejo que aprobó el cambio en la elección del rector.

A finales de agosto, el Consejo Superior de la Universidad Distrital implementó la votación ponderada para elegir rector. Eso significa, en la práctica, que la votación de la comunidad universitaria tendrá un porcentaje de incidencia del 53 %, mientras que la hoja de vida tendrá un 20 % y la decisión del CSU valdrá el restante 27 %.

La representante del Presidente en ese órgano de la Distrital es Ana María Nates Rodríguez, una joven activista y militante del Partido Comunista y miembro del colectivo “Activistas del Cambio”, que es un grupo de personas afines al gobierno Petro que se dedican a la propaganda estatal. De hecho, una investigación de La Silla Vacía reveló que ese grupo fue creado por el catalán nacionalizado colombiano Xavier Vendrell, quien es investigado por corrupción y por promover desórdenes públicos en España. Son los encargados de movilizar a los seguidores del mandatario y llegó a tener 17 de sus militantes en los CSU de las universidades públicas con el fin de impulsar la asamblea constituyente bajo la excusa de las “constituyentes universitarias”.

“Es el momento de meternos a estudiar el estatuto (de la Distrital), a exigir que se haga la implementación y la socialización, pero además a construir de la mano de los estudiantes, los trabajadores, los docentes y los egresados y egresadas la Universidad Distrital que hemos soñado: participativa, democrática, sobre todo crítica y para la ciudad”, dijo Nates en un video compartido en sus redes sociales.

Los delegados cuestionados

Hasta la fecha, el presidente Petro completa una lista de tres delegados suyos en los consejos superiores universitarios que están bajo la lupa: Wilmar Mejía, en la Universidad de Antioquia; Juliana Guerrero, en la Universidad Popular del Cesar, y María Alejandra Rojas, en la Universidad Nacional.

Una investigación de Noticias Caracol reveló la presunta infiltración de las disidencias de las Farc de alias “Calarcá” en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) por medio de Mejía, quien también es alto funcionario de esa entidad. Según ese medio, hubo correos sobre presuntas conversaciones entre Calarcá e Iván Mordisco, en que se habla de la supuesta participación de este último en la campaña presidencial de 2022.

La investigación citó a Wilmar Mejía como un alto funcionario cuya cercanía al Presidente le ha permitido ganar una gran influencia entre la Fuerza Pública y el organismo de inteligencia, al punto de que se habría convertido en quien recibe las hojas de vida para determinar ascensos, traslados y destituciones.

En marzo de 2024, Petro lo nombró como su representante ante el CSU de la UdeA después de sacar a Salomé Restrepo, quien ejercía la designación desde mediados de 2023.

Tras esa revelación, Mejía se limitó a decir que su “compromiso es defender la Universidad de Antioquia de quienes, durante más de 20 años, la han saqueado y convertido en un fortín clientelar y político”, y que su rol “es garantizar que siga abierta y funcionando, porque esta universidad es un espacio esencial de crecimiento y oportunidad para los jóvenes más vulnerables de Antioquia y del país”.

En la UdeA, como lo contó este diario en octubre pasado, el gobierno Petro le está haciendo el cajón al rector John Jairo Arboleda por medio de una mala calificación que el CSU le dio a su informe de gestión, con el cambio del representante del Ministerio de Educación ante ese órgano y con el nombramiento de una inspectora in situ para vigilar cada decisión que se tome.

Entre tanto, en la Fundación Universitaria San José asoma el nombre de Juliana Guerrero. Su nombramiento como viceministra para la Juventud (del Ministerio de la Igualdad) se cayó después de meses de cuestionamientos por sus títulos profesionales en esa institución.

Primero, se conoció que Guerrero no presentó las Pruebas Saber Pro, que es requisito para graduarse de una carrera profesional en una institución de educación superior: información que el Icfes confirmó. Después, la San José decidió de manera unánime anular su título en Contaduría Pública.

Posteriormente, de la joven se supo que el Icetex le aprobó un crédito educativo dentro del programa denominado Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras (FECECN), creado para garantizar el acceso a la educación superior de personas afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ese beneficio lo solicitó en el segundo semestre de 2020. En ese momento, dijo el Icetex, cumplió con los requisitos para aplicar al fondo y por eso se le asignó.

En medio de todo esto, Juliana Guerrero ha sido la delegada presidencial del presidente Petro ante el CSU de la Universidad Popular del César, desde donde vivió la disputa interna de miembros del Gobierno que se peleaban la Rectoría de esa institución.

En agosto EL COLOMBIANO contó en una investigación la puja que hay en el alto Gobierno por el poder en esa institución y otros cuestionamientos relacionados con proyectos de infraestructura que suman $280.000 millones. También expuso los hechos que rodean esa disputa, que pasan por las disputas internas en la Casa de Nariño, relacionadas con los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Trabajo, Antonio Sanguino, y al exjefe de despacho presidencial, Alfredo Saade.

Eso llegó a oídos del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien viajó a Valledupar en esas fechas para alertar acerca de presuntas irregularidades. Idárraga manifestó que a su oficina le preocupa “esas alertas” de los últimos cuatro meses y que han “venido siendo analizadas con rigor”. “De allí que hayamos trasladado al Ministerio de Educación para que inicie un proceso de intervención, si así lo amerita”.

Las alertas giran en torno a que el rector Rober Romero, que quiere reelegirse, habría hecho nombramientos sin requisitos debidos y a “posibles sobrecostos por encima del 60 % en tecnología, sobre todo por compra de computadores y equipos”, dijo el funcionario.

Por los lados de la Universidad Nacional (la pública más importante del país), en noviembre de 2022, Petro nombró como delegada ante el CSU a la fisioterapeuta y candidata a doctora en salud pública, María Alejandra Rojas Ordóñez. Tres años después de su designación, en su rol como ciudadana, la consejera es militante del petrismo, también es de “Activistas del Cambio” y está aspirando a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Pacto Histórico.

Por eso su nombre estuvo en el tarjetón de la consulta interna del Pacto realizada el pasado 26 de octubre, por lo cual hizo campaña, se sometió a la votación (en la que sacó 4.936 sufragios) y es candidata mientras fue y sigue siendo delegada del Presidente ante el Consejo Superior.

Durante su gestión ante ese órgano, Rojas ha recibido más de $37 millones como pago de honorarios por participación allí y le dieron $3,4 millones de apoyos económicos y de transporte a seis viajes en función de su cargo a Palmira, La Paz, Medellín y Manizales (en abril de 2025) y Amazonía (en mayo de 2025).

El lío con su aspiración política —en la que se le vio a Rojas previo a la consulta interna en eventos con el candidato presidencial Iván Cepeda en las sedes de la Nacional— es que el 28 de agosto pasado el procurador Gregorio Eljach firmó la directiva 013 de 2025 en la que entregó recomendaciones sobre la participación en política y prohibiciones para las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

En ese documento advirtió que quienes ejerzan funciones públicas deben abstenerse de “utilizar el cargo para participar en actividades de los partidos o movimientos políticos y en las controversias políticas”, “difundir propaganda electoral o realizar manifestaciones a favor o en contra” de partidos “a través de cualquier medio” y de “intervenir en controversias de tipo político”.

Todas esas advertencias, a juzgar por su actividad y pronunciamientos públicos en redes sociales, no las tuvo en cuenta. Opinó sobre la reforma a la salud, publicó una foto con la excongresista Ángela Robledo apoyando su campaña y denunció a la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) por presunta injuria, calumnia y hostigamiento.

Las U. de Magdalena y Altántico

Otra cara de la moneda viven las universidades del Magdalena y del Atlántico, en donde el Gobierno no ha logrado permear para hacer cambios en la elección de rectores o sus límites. Así ocurrió a finales de 2024 con la reelección de Pablo Vera Salazar como rector de la Unimagdalena. Algo a lo que grupos estudiantiles se oponían, pero que, como contó La Silla Vacía, el Ministerio de Educación no metió tanto la mano porque no dependía de ellos “reversar la decisión que aprobó” un artículo que le permitió a Vera aspirar a un tercer periodo.

Entre tanto, en la Uniatlántico se gestó una disputa que enfrentó al ministro del Interior, Armando Benedetti; al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y su padre, Fuad Char; así como al exsenador Arturo Char. Ganaron el mandatario y el patriarca con la elección de su apoyado, Leyton Daniel Barrios Torres.

No obstante, Barrios salió de la rectoría el pasado 18 de diciembre, cuando el Mineducación nombró rector encargado a Rafael Castillo Pacheco. Se basó en que, supuestamente, había logrado identificar que al menos una de las certificaciones aportadas como documento probatorio para validar su experiencia docente, como requisito para acceder al cargo, era falsa.

El ministerio también suspendió a Barrios por un año para “garantizar el normal funcionamiento” de la institución, mientras que el Tribunal Administrativo del Atlántico falló en su contra —en una decisión de segunda instancia— una tutela que validó la decisión del Comité Electoral de esa universidad, que declaró nula su elección.

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