Petro acude a la CIDH para que le ordene a Colombia no perseguir políticos

El senador pidió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una condena para que el Estado modifique leyes y proteja a funcionarios elegidos popularmente.

El excandidato presidencial afirmó que espera que la Corte emita una sentencia en la que “ordene al Estado reformular las normas y las leyes de tal manera que se respete la Convención Americana (de Derechos Humanos) para que ningún ser humano en Colombia pueda perder sus derechos políticos sin una sentencia judicial de un juez competente”.

“El objetivo es tratar de hacer justicia para que en mi país se respeten los derechos políticos, que son derechos humanos: el derecho a elegir y a ser elegido sin que un funcionario administrativo que nadie eligió, los cercene”, declaró Petro a Efe desde Costa Rica.

Petro asegura que en Colombia hay más de 2.000 casos de funcionarios públicos de elección popular, que como él, fueron sancionados o destituidos por una autoridad administrativa.

Sin embargo, la razón principal de Petro para acudir ante ese tribunal fue la audiencia que se adelantó por la demanda en la que el exalcalde de Bogotá reclama al Estado colombiano por las supuestas violaciones de sus derechos políticos cuando fue destituido de ese cargo en 2013, luego de que la Procuraduría lo encontrara responsable por fallas en el servicio de recolección de basuras de la capital.

Según la demanda, la imposición de sanciones de este tipo por vía administrativa podría “afectar el juego democrático”, ya que es al electorado al que le corresponde determinar la idoneidad de los candidatos mediante el ejercicio del sufragio.

En su relato ante los jueces, Petro aseguró que su destitución fue parte de una persecución de sus opositores políticos, debido a una serie de decretos que firmó como alcalde de Bogotá y por su ideología izquierdista.

El político dijo que esas iniciativas fueron una rebaja en las tarifas de transporte público para las personas vulnerables, un plan de ordenamiento territorial y la creación de una empresa pública de recolección de basura que empleó a unos 14.000 personas de escasos recursos conocidos como “recicladores”, lo que desprivatizó el servicio.

Por estas decisiones, Petro recibió sanciones económicas, que se encuentran suspendidas temporalmente como parte de procesos de responsabilidad fiscal.

El senador comentó que existe la posibilidad de que esa suspensión de las sanciones sea levantada, lo que lo inhabilitaría de participar por cargos de elección popular como puede ser la presidencia del país, puesto al que ya aspiró en las elecciones de 2018.

La demanda presentada por la CIDH indica que hubo violaciones de derechos humanos de Petro en el marco del proceso disciplinario que culminó con su destitución en el año 2013 y la inhabilitación política por 15 años.

En abril de 2014, el Consejo de Estado de Colombia reinstaló a Petro en el cargo acatando una orden judicial derivada de un recurso presentado por el funcionario.

La CIDH concluyó que las sanciones habrían violado los derechos políticos de Petro pues, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambas sanciones debieron imponerse por una autoridad judicial penal mediante condena en firme.

Tras la audiencia de este jueves, las partes tendrán un plazo de un mes para presentar a la Corte Interamericana sus alegatos finales por escrito, y a partir de entonces los jueces podrán emitir una sentencia en cualquier momento.