¿Emergencia económica o desastre?: El debate que desata la crisis por lluvias en Colombia y el plan del Gobierno

En medio de una crítica situación provocada por intensas lluvias en diferentes regiones de Colombia, especialmente en la costa Caribe y el departamento de Córdoba, las máximas autoridades del país, encabezadas por el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, han salido a justificar la necesidad de declarar una nueva emergencia económica. Así lo han manifestado para responder a la reciente ola invernal que, según el último balance de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha derivado en 131 emergencias, afectando a más de 69.000 familias en 104 municipios de 16 departamentos.

El anuncio del presidente Petro el pasado fin de semana sobre la posible reactivación de la emergencia económica tomó fuerza tras advertir, a través de su cuenta de X, sobre la llegada de un segundo frente frío ártico y la poca capacidad de respuesta de infraestructuras clave como el embalse de Urrá. En este contexto, el mandatario recalcó la urgencia de solicitar a la Corte Constitucional que levante la suspensión sobre facultades excepcionales para permitir que el Ejecutivo atienda eficazmente el desastre y sus secuelas, planteamiento que remarcó durante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Ante este panorama, las críticas no se han hecho esperar. La aspirante presidencial Claudia López advirtió que, a pesar de que el decreto de desastre sigue vigente desde noviembre de 2025, no se han adoptado medidas preventivas para afrontar las inundaciones, a pesar de que las autoridades conocían el riesgo desde el 21 de enero. López manifestó que el Gobierno estaría instrumentalizando la desgracia para revivir impuestos suspendidos por la Corte Constitucional, profundizando así el debate público sobre la pertinencia y legitimidad de la nueva emergencia.

En defensa de la iniciativa, Petro precisó que existe una diferencia entre el decreto de desastre –en curso actualmente– y un nuevo decreto de emergencia económica, social y ambiental, que tendría efectos distintos. Según lo manifestado por el presidente a través de sus redes sociales y citado por El Espectador, el primero permite únicamente realizar traslados presupuestales, mientras que la emergencia económica habilita la creación de nuevos recursos, incluso mediante la imposición de tributos a los sectores de mayores ingresos. Destacó que frecuentemente, congresistas y magistrados de las zonas damnificadas evitan tomar acción ya que, según sus palabras, resultarían beneficiados por la situación.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también hizo hincapié en la magnitud de la tragedia y la imposibilidad de prever la totalidad de los daños en presupuestos ordinarios. Benedetti afirmó que, ante esta “grave calamidad pública”, la Corte Constitucional ya no tendría justificación política para impedir la ayuda necesaria a los afectados, como, según él, habría sucedido previamente. Se espera que en el próximo Consejo de Ministros se formalice la decisión sobre el regreso del decreto, detallando sus alcances para las zonas afectadas, entre ellas Sucre, Córdoba, Bolívar y otros departamentos impactados drásticamente por las inundaciones.

La coyuntura ha reabierto un debate sobre las herramientas que el Gobierno puede o debe emplear para enfrentar emergencias ambientales de gran escala, así como sobre la eficacia y transparencia de la gestión pública en momentos de crisis. Medios como El Espectador han dedicado especial atención a estas discusiones y a los relatos de las personas afectadas.

¿En qué consiste la diferencia entre un decreto de desastre y un decreto de emergencia económica, social y ambiental?

Esta pregunta cobra relevancia ante la controversia generada por las recientes disposiciones del Gobierno y las reacciones políticas y sociales que han surgido frente a la declaratoria de diferentes tipos de emergencia. Según lo expresado por el propio presidente Gustavo Petro, el decreto de desastre, vigente desde noviembre de 2025, solo faculta la reasignación de recursos ya presupuestados, sin posibilidad de crear nuevos impuestos. En cambio, el decreto de emergencia económica, social y ambiental permite al Ejecutivo recaudar fondos extraordinarios, principalmente a través de gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos, con el fin de responder a las necesidades inmediatas y cubrir los daños no previstos en el presupuesto nacional. Esta diferencia es fundamental para comprender el alcance y las limitaciones legales de las acciones del Gobierno en contextos de desastres naturales y crisis humanitarias.