Petro califica de "duquista" al Banco de la República y busca revivir la Constituyente

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El presidente arremetió contra la Junta del Banco de la República, tildándola de política y proponiendo una Constituyente para reformar la entidad.

El panorama político y económico de Colombia dio un giro radical este Sábado de Gloria. En medio de un clima de creciente confrontación, el presidente Gustavo Petro lanzó un ataque sin precedentes contra la Junta Directiva del Banco de la República, reabriendo oficialmente la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario no solo cuestionó la pericia técnica del emisor, sino que acusó a sus miembros de actuar bajo intereses electorales y de haber perdido la independencia que les otorga la Constitución de 1991.

La furia del jefe de Estado se desató tras la decisión del Banco de la República de incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés, una medida que Petro calificó como “la peor torpeza económica”. A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, el presidente argumentó que esta decisión va en contravía de las tendencias globales de los bancos centrales y que asfixia la actividad productiva del país, favoreciendo una revaluación del peso que perjudica a los exportadores.

Pero Petro fue más allá de la crítica técnica. Tildó a la Junta de ser “duquista”, sugiriendo que sus integrantes responden a las directrices del gobierno anterior y no a las necesidades actuales del pueblo colombiano. Según el mandatario, la falta de coordinación con el Ejecutivo viola el espíritu constitucional, lo que lo llevó a lanzar la frase que ya genera sismos en los círculos de poder: “Debe iniciarse un debate que termine en una constituyente del pueblo”.

La postura presidencial no es aislada. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó de inmediato las declaraciones de Petro, señalando que cuatro miembros de la Junta estarían bloqueando sistemáticamente la política económica del “Gobierno del Cambio”. Este respaldo refuerza la narrativa de un Ejecutivo que se siente “maniatado” por las instituciones tradicionales y que ve en la Constituyente la única vía para destrabar sus reformas.

Este choque alcanzó su punto máximo de tensión el pasado 31 de marzo, cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, protagonizó un hecho sin precedentes al abandonar la sesión de la Junta del Emisor. Ávila calificó de “desproporcionado” el aumento de las tasas, sellando un distanciamiento institucional que no se veía en décadas en Colombia.

Desde la otra orilla, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha mantenido una postura de defensa férrea a la autonomía de la entidad. Villar ha reiterado que las decisiones se toman bajo criterios estrictamente técnicos y con el único fin de cumplir el mandato constitucional: mantener el poder adquisitivo de la moneda y controlar la inflación, que sigue siendo una amenaza para el bolsillo de los colombianos.

Sin embargo, para el presidente Petro, el argumento técnico es una fachada de intereses políticos. Al señalar que las decisiones del Banco tienen un “trasfondo electoral”, el mandatario ha elevado el tono a un nivel de confrontación que pone en duda la estabilidad de las reglas de juego económicas. El anuncio de la Constituyente como solución a este conflicto institucional promete ser el eje de la agenda nacional en las próximas semanas, generando una profunda preocupación en gremios, mercados y sectores de la oposición que ven en esta propuesta un riesgo para la democracia.