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Lo hizo público Semana en un confidencial de su reciente edición impresa, donde el hecho fue catalogado como un “minidetrimento patrimonial” en el Congreso.
Todo empezó cuando María Claudia Daza utilizó la oficina del senador Álvaro Uribe en el Congreso para enviar siete de las 400 invitaciones a la boda de su hija, explicó la revista.
La situación “la detectaron” algunos petristas que, de acuerdo con la publicación, procedieron a interponer una denuncia por “uso de bienes públicos para efectos privados”.
Ante eso, dice el medio, Daza “reconoció el error” y pidió que le pasaran el costo de ese gasto “para evitar detrimento al patrimonio público”.
“El envío de cada una de las invitaciones costaba 1.700 pesos. El total ascendió a 11.900 pesos, que [la mano derecha de Uribe] reembolsó debidamente”, y de esa forma se solucionó el inconveniente, puntualizó Semana.
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