Así va la pelea entre ‘cabezas’ de la JEP que destapó feria de contratos y derroche

La sorpresiva renuncia del secretario general Néstor Raúl Correa sembró sospechas sobre el manejo interno que se le viene dando a la Jurisdicción Especial para la Paz, y sobre la inversión de los recursos asignados.

Néstor Raúl Correa explicó en una carta que su renuncia obedece a que con la llegada de Patricia Linares, presidenta de la JEP, supuestamente se conformó un grupo de 9 magistrados que se tomó el poder de ese organismo y que va detrás del “control burocrático” de esa jurisdicción.

Además, Correa aseguró que el nuevo comité tuvo como objetivo “incidir y hacer ‘lobby’ con el fin de modificar las funciones que se habían conferido al SE [secretario ejecutivo] en el Acuerdo de Paz […] La idea concreta era quitarle esas funciones al SE, pasárselas a los magistrados, apoderarse del diseño y nombramiento de la planta de cargos y excluir al SE del órgano de gobierno, para que no tuviera voto”.

En la pelea de por qué dependencia debe manejar los contratos y asignar cargos, el exfuncionario apuntó directo a Linares, de la que dijo “asume la función de conceder las licencias, incapacidades, permisos, vacaciones, comisiones, viajes, etc., de todo el personal de la JEP. Ni siquiera en la rama judicial los magistrados se inmiscuyen en estos asuntos propios de un jefe de personal”.

“Los magistrados vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él”, dijo Correa.

Pero Patricia Linares salió junto con 8 magistrados a dar explicaciones sobre estos delicados señalamientos, a controvertir a Correa y a destacar la “intachable” trayectoria de sus colegas.

Según ella, Correa intentó chantajear a la dirección de la JEP con información que obtuvo de unos correos personales que intercambiaron magistrados y funcionarios del gobierno.

“Ese intercambio de opiniones y reflexiones jurídicas también lo hicimos en la mayoría de los casos, por vía electrónica, a través de nuestros correos personales, pues aún no estábamos posesionados, correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Néstor Raúl Correa, quien en enero del presente año le expresó a la presidenta que si no asumíamos los diseños que tenía previstos para la Secretaria Ejecutiva de la JEP daría a conocer a los medios de comunicación el intercambio de correos, pues según él poner en conocimiento del Gobierno nuestros conceptos y opiniones era irregular”, aseguró Linares.

No obstante, ninguno de los dos da detalles de dicha información, y lo único que se confirmó es que Correa dejará su cago en mayo.

Lo que sí dice la magistrada Linares es que en 2017 Correa ejecutó gran parte del presupuesto y que los resultados no se han visto.

“Ejecutó 4,5 millones de dólares sobre los cuales solo a partir del reiterado requerimiento de la Contraloría General de la República empezó a rendir cuentas”, explicó.

Ese dinero, según se lee en un documento que publicó la JEP en Twitter, debía invertirse en todo el andamiaje para poner en marcha esa jurisdicción, pero “a la fecha hay un nulo o incipiente avance”.

“Llama la atención que, en lugar de rendir cuentas ante el órgano de gobierno, haya procedido a plantear ante la opinión publica debates que carecen de todo sustento y que desvían la atención sobre sus responsabilidades”, finalizó Linares.

En medio de este cruce de acusaciones, Correa volvió a salir a explicar que no chantajeó a Linares con hacer públicos los correos, que su interés ha sido “defender los canales democráticos y los derechos de las víctimas”, y que no usó “ningún medio ilegal para acceder a una información que llegó a mis manos”, según recoge El Tiempo.