Paro nacional en Valledupar: docentes suspenden clases y exigen garantías en salud y derechos laborales

El 30 de octubre, todas las instituciones educativas oficiales de Valledupar suspenderán clases como respuesta a un paro nacional de 24 horas impulsado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), con el apoyo de la Asociación de Educadores del Cesar (Aducesar). El foco de esta movilización radica en exigir mejores condiciones para la prestación del servicio de salud a los docentes y en defender el régimen especial que ampara sus derechos laborales, consagrado en la Ley 91 de 1989, que protege los beneficios sociales de los maestros en Colombia, según explicó Jorge Rivero, presidente de Aducesar.

Rivero señaló que, a pesar de algunas mejoras recientes en la atención médica para el magisterio en el Cesar, el sector educativo enfrenta incertidumbre frente a posibles cambios estructurales. Aducesar y Fecode muestran su preocupación porque cualquier alteración en el modelo actual podría afectar la calidad y continuidad del servicio. Por esta razón, la convocatoria trasciende lo gremial, invitando a centrales obreras y a la comunidad general a sumarse a la exigencia por garantías estables y permanentes.

El trasfondo inmediato del paro son las constantes denuncias sobre falencias en la prestación del servicio médico al magisterio, especialmente por parte de entidades que, aun recibiendo los pagos correspondientes, limitan la atención. Fecode dirige su reclamo a Fiduprevisora, entidad encargada de administrar los recursos para la salud de los docentes, exigiendo la eliminación de barreras de acceso y la garantía del derecho a la salud como mandato constitucional para los docentes, de acuerdo con información confirmada en reportes recientes.

Además, la federación solicita que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) entre en sesión permanente, permitiendo así respuestas más rápidas y coordinadas a las problemáticas del sector. Entre las peticiones está radicar un proyecto de ley que reglamente el Acto Legislativo 03 de 2024, el cual modificó el Sistema General de Participaciones (SGP) después de dos décadas, asegurando que los recursos se orienten a necesidades esenciales como salud, educación y saneamiento básico.

El debate sobre la sostenibilidad del Fomag se intensifica debido a la posible implementación de manuales tarifarios no alineados con las directrices oficiales, según lo resaltó recientemente El Espectador. Esto pone en riesgo la viabilidad financiera del fondo y, por ende, la estabilidad de la protección social de los docentes.

Contextualizando, la Ley 91 de 1989, que instauró un régimen especial para el magisterio, ha sido recurrentemente objeto de discusiones sobre su sostenibilidad y necesidad de actualización. Estudios del Ministerio de Educación coinciden en su importancia para la equidad, aunque advierten sobre la urgencia de reforzar su control administrativo y evitar demoras o abusos en la atención médica.

Por su parte, informes de la Contraloría General de la República han criticado la gestión de Fiduprevisora debido a su ineficacia y problemas administrativos, lo cual repercute en el acceso efectivo de los educadores a la salud. Esto ha llevado tanto a Fecode como a Aducesar a insistir en la realización de auditorías y en el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control del sistema.

De fondo, la movilización de los maestros refleja no solo una lucha gremial, sino el reclamo de un sector clave en el desarrollo nacional: asegurar una saludable y digna calidad de vida para los docentes condiciona la calidad educativa. Por ello, el paro se sitúa en un escenario más amplio de movilización por la justicia social y la defensa de derechos constitucionales, donde la transparencia administrativa y la participación social son elementos fundamentales, como lo documentan análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

¿Qué es Fiduprevisora y cuál es su rol en la salud del magisterio?
La pregunta surge dado que la Fiduprevisora es mencionada como el principal ente encargado de gestionar los fondos destinados a la salud de los docentes. Según la Contraloría General, su labor consiste en administrar los recursos y garantizar la contratación de servicios médicos adecuados para los maestros, aspecto fundamental en un contexto donde la eficiencia y transparencia cobran relevancia crítica para el bienestar del magisterio. Problemas de gestión, detectados por distintas auditorías, han generado preocupación por la continuidad y calidad de los servicios médicos suministrados al sector educativo.

¿En qué consiste la Ley 91 de 1989 y qué implica su defensa?
El interés por esta normativa se explica porque la Ley 91 de 1989 es el marco legal que establece el régimen especial de prestaciones sociales para los maestros colombianos. Su propósito es ofrecer condiciones laborales, de salud y seguridad social diferenciadas, reconociendo el rol estratégico que cumplen los educadores en la sociedad. La defensa de esta ley responde a la necesidad de mantener estos derechos y evitar retrocesos que puedan afectar la calidad de vida y la estabilidad profesional de los docentes, como advierten diversas fuentes oficiales y gremiales.