Paro armado del ELN: miedo, bloqueos y violencia paralizan regiones claves en Colombia

A dos días del inicio del paro armado nacional declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la situación de orden público en Colombia se ha visto gravemente alterada en al menos 13 departamentos. Según informes del Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Sánchez y citados por El Espectador, se han presentado 51 acciones violentas, desde ataques directos hasta actos de “terrorismo mediático”, como la instalación de banderas, pintas en muros y amenazas difundidas por redes sociales. Tales medidas han generado miedo entre la población y han restringido la movilidad en numerosas regiones del país.

La acción más contundente reportada fue el ataque al peaje La Lizama, ubicado entre Bucaramanga y Barrancabermeja, el cual dejó a una funcionaria herida y obligó a desplegar estrictos protocolos de seguridad. Paralelamente, en Norte de Santander, una de las zonas más flageladas por el paro, se descubrieron los cuerpos de dos jóvenes en Villa del Rosario y Cúcuta; además, el conductor de una ambulancia perdió la vida durante un ataque a la subestación de Policía en Puerto Santander. Las rutas Cúcuta–Pamplona y El Zulia–Astilleros han estado bloqueadas, mientras que el servicio de transporte público ha disminuido drásticamente.

Antioquia ha sufrido lo propio, con detonaciones de artefactos explosivos en Copacabana y la quema de un bus en Valdivia, lo que ha impactado la circulación hacia Tarazá y provocado alertas en municipios del norte como Llanos de Cuivá, Yarumal y Valdivia. Otras regiones, como Arauca, vivieron ataques con cilindros bomba contra el Batallón en Puerto Jordán; este sitio ya había sido blanco de atentados en septiembre y octubre previos, los cuales causaron bajas militares significativas y dificultaron el proceso de paz con el gobierno actual.

La violencia se ha extendido a departamentos como Cauca, donde el hallazgo de cilindros y banderas del ELN ha cerrado temporalmente la vía Panamericana y obligado a redoblar el patrullaje entre municipios como Cajibío y Caldono. En Chocó, la suspensión total del transporte terrestre y fluvial afecta comunidades en Istmina y Río Iró, mientras que en La Guajira y Cesar continúan hallazgos de explosivos y se reportan constantes interrupciones al tránsito.

El impacto no sólo se evidencia en los bloqueos y ataques, sino también en el temor impuesto mediante advertencias del ELN sobre la vigencia del paro. Casanare, Bolívar y Nariño son otros departamentos afectados, ya sea por la suspensión de empresas de transporte, el abandono de vehículos potencialmente explosivos o la restricción absoluta al paso, generando incluso preocupación por el abastecimiento de alimentos, en especial en zonas del Pacífico como Bajo Calima.

Mientras persisten estos hechos, el líder del ELN, Antonio García, reiteró la supuesta disposición del grupo armado para mantener la mesa de diálogos con el gobierno de Gustavo Petro, atribuyendo el estancamiento de los acuerdos a incumplimientos del Estado. Sin embargo, la delegación gubernamental, distanciándose del paro, resaltó que estas acciones sólo agravan las condiciones de las comunidades y carecen de fundamento como forma de rechazo a políticas internacionales.

En este contexto, la intensidad del paro armado del ELN pone en evidencia la compleja realidad de seguridad que afrontan varias regiones de Colombia y desafía la continuidad de las negociaciones de paz, cuyos avances parecen cada vez más frágiles ante el resurgimiento de la violencia.

¿Qué estrategias implementan las autoridades para proteger a las comunidades durante un paro armado?

En el contexto de un paro armado, la población civil suele enfrentar riesgos elevados por restricciones a la movilidad, presencia de artefactos explosivos y amenazas constantes en sus entornos cotidianos. Es por ello fundamental comprender las medidas oficiales que se ponen en marcha para paliar daños y minimizar la exposición de las comunidades ante estos hechos.

Las acciones de las autoridades suelen involucrar operativos conjuntos del Ejército y la Policía para desactivar explosivos, aumentar el patrullaje vial, garantizar el transporte de emergencia y reforzar la seguridad en puntos críticos detectados por inteligencia. Sin embargo, la efectividad de estas estrategias se ve condicionada por la magnitud y dispersión de los ataques, así como por las dificultades que implica restablecer la confianza de la comunidad tras eventos violentos de esta índole.